Por Óscar D. Del Río Serrano
Los derechos humanos han evolucionado para responder a las necesidades de la sociedad actual. En esta situación el derecho humano a la buena administración adquiere relevancia como principio rector de la actuación de los poderes públicos.
Este derecho implica que toda persona servidora pública garantice la observancia de los principios que rigen la función pública, para generar acciones y políticas orientadas a la apertura gubernamental y a la solución de problemas sociales con instrumentos efectivos.
El derecho a la buena administración supone un cambio en la actividad pública y en su control. Incluso la producción de actos jurídicos formalizados, como autorizaciones y procedimientos del ejercicio administrativo, deben entenderse como un servicio en beneficio de la población. Por ello, el trabajo efectuado por las instituciones del Estado debe evaluarse con criterios de eficacia, eficiencia y economía, particularmente los procesos de toma de decisiones.
Así, la legalidad de la administración pública no descansa solo en la ejecución ni en la aplicación de la ley, o en la eficacia de sus actuaciones, sino también en el modo de adoptar las decisiones en favor de la sociedad; en un contexto de buena gobernanza y de buenas relaciones, orientado a modernizar la burocracia tradicional y a fomentar la calidad de los servicios públicos.
Los principios de participación, transparencia y objetividad guardan una relación directa con la buena administración pública; el de objetividad exige la revisión de evidencia, información y hechos relevantes en las decisiones públicas, lo que implica fortalecer la participación ciudadana y la transparencia institucional.
Los principios de eficacia y eficiencia son pilares del correcto funcionamiento de la administración pública. Mientras que el primero implica cumplir los objetivos con una gestión expedita enfocada a satisfacer las necesidades colectivas; el segundo se refiere al empleo óptimo de los recursos disponibles para lograr el máximo bienestar social.
La aplicación conjunta de estos principios genera confianza institucional y resulta esencial para el fortalecimiento de las personas servidoras públicas y de las instituciones. La buena administración pública debe caracterizarse por la equidad, la imparcialidad y el respeto a plazos razonables, garantizando el derecho humano fundamental a una adecuada administración pública.
Un ejemplo de estos principios está en los procedimientos que se aplican a las personas servidoras públicas que cometen faltas administrativas y transgreden derechos de los particulares, que pueden derivar la inhabilitación, suspensión o destitución como sanción para el funcionariado que no permite el correcto desempeño de la administración pública. Dichos procedimientos los realizan los órganos internos de control y forman parte de las estrategias de combate a la corrupción y de lucha contra la impunidad en las instituciones.
Instrumentos como la rendición de cuentas, las auditorías, la fiscalización, los códigos de ética y de buen gobierno, la participación ciudadana y la transparencia administrativa constituyen medios que hacen efectivo y garantizan el derecho humano a la buena administración.
En este sentido, la Fiscalía General de la República impulsa acciones para mejorar la eficiencia y el impacto institucional. Destaca el Plan de Acción Emergente: Justicia sin Dilaciones, promovido por la Fiscal Ernestina Godoy Ramos para fortalecer la calidad de la actividad pública y la protección de los derechos humanos, lo que finalmente repercutirá en que desde esta Fiscalía se contribuya a garantizar el derecho a la buena administración.
Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República