Por ÓSCAR DAVID HERNÁNDEZ CARRANZA
México ocupa el tercer lugar mundial en criminalidad, según datos del Índice Global de Crimen Organizado 2023, con una puntuación crítica de 7.57. Esta cifra no es solo una estadística de expertos; es el aire que respiran las nuevas generaciones. En un país donde el crimen organizado domina territorios, el acoso escolar no es un incidente aislado, sino el eco temprano de una sociedad fracturada.
La vinculación es directa: cuando los mercados criminales como la extorsión y el "cobro de piso" se vuelven cotidianos, el aula replica el modelo. El acosador escolar no inventa su conducta; emula el control territorial y la extracción de recursos que observa en su entorno, donde los grupos tipo mafia imponen su voluntad mediante la intimidación.
El reporte oficial señala que el país tiene una resiliencia alarmantemente baja (4.21). Esto significa que las instituciones son incapaces de frenar la impunidad. Cuando un niño observa que los delitos de alto impacto no tienen consecuencias, el mensaje es claro: la agresión es una herramienta eficaz de poder que rara vez encuentra justicia.
La proliferación de armas ilícitas y la violencia de los mercados de drogas sintéticas han permeado la cultura juvenil. El bullying deja de ser una burla para transformarse en una forma de micro-delincuencia, donde la jerarquía se establece mediante el miedo, tal como lo hacen las redes criminales fragmentadas que operan en las calles.
Además, el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos delictivos comienza con la normalización de la violencia en la escuela. El informe destaca que los programas de prevención han tenido un éxito limitado. Sin una red de protección efectiva, el estudiante vulnerable al acoso o el victimario potencial encuentran en la estructura delictiva un sentido de "pertenencia" que el sistema educativo no les brinda.
Incluso la trata de personas y la explotación mencionadas en las fuentes encuentran su versión escolar en el ciberacoso y la explotación de la imagen de menores. La tecnología, que debería ser una herramienta de progreso, está siendo utilizada por actores criminales —y estudiantes— para comprometer la integridad de otros bajo un esquema de total impunidad.
La corrupción institucional descrita en el índice también juega un papel clave. Si las autoridades escolares, al igual que algunos funcionarios estatales, deciden ignorar la violencia por complicidad o miedo, el ciclo se cierra. El silencio de los testigos en el acoso escolar es el mismo silencio que permite que el crimen organizado reemplace la soberanía del Estado.
El final de esta cadena es previsible pero evitable. Si los índices delictivos siguen escalando, las escuelas seguirán siendo laboratorios de conductas antisociales. El acoso escolar no es un juego de niños; es el campo de entrenamiento para una criminalidad que, si no se detiene en el pupitre, terminará por devorar el futuro de la nación en la calle.
Presidente del Consejo Directivo de ProtocolAB