Por Anna Romanelli
En México, solemos medir el éxito educativo en términos de cobertura. Y es cierto: la escolarización básica está cerca de la universalidad. Sin embargo, en el Día Mundial de la Educación, vale la pena preguntarnos algo más incómodo: ¿qué pasa cuando educar no alcanza para garantizar oportunidades reales, especialmente para las mujeres rurales?
Los datos muestran que las brechas persisten a lo largo de toda la trayectoria educativa. La población de 15 años y más asistió en promedio 9.2 años a la escuela, pero las mujeres registran un promedio menor que los hombres (9.0 frente a 9.3 años), una diferencia que parece pequeña, pero que se amplifica con el tiempo y condiciona el acceso al empleo y a ingresos dignos (INEGI). Aunque la tasa de alfabetismo nacional supera el 94%, las desigualdades reaparecen cuando se observa el territorio, la edad y el contexto socioeconómico, afectando con mayor fuerza a mujeres rurales e indígenas.
El problema se vuelve más evidente cuando analizamos la permanencia en el sistema educativo. Durante el ciclo escolar 2024-2025, cerca de 994 mil estudiantes abandonaron sus estudios en México, y el nivel medio superior concentró la tasa más alta de deserción, con 30.9% a nivel nacional. Según el Observatorio de la Educación, solo 46 de cada 100 estudiantes que ingresan a primaria logran concluir la educación superior, y en estados como Chiapas apenas 10 de cada 100 alcanzan ese nivel. Estas cifras reflejan trayectorias educativas frágiles que, en el caso de las mujeres, suelen verse atravesadas por trabajo no remunerado, cuidados y falta de apoyos institucionales.
Cuando la educación se interrumpe, el impacto no es solo individual. En las zonas rurales, donde el trabajo agrícola es una fuente central de ingresos, las brechas educativas limitan el acceso a capacitación técnica, financiamiento y tecnologías productivas. El resultado es una participación económica restringida y una mayor concentración de mujeres en la informalidad. Cuando la educación no se traduce en oportunidades reales, las mujeres quedan atrapadas en ciclos de baja productividad y escaso crecimiento, una dinámica que se repite en distintos territorios del país.
Por eso, el desafío no es únicamente escolarizar, sino construir puentes entre educación y autonomía económica. Desde Pro Mujer, empresa social con más de 35 años de trayectoria en América Latina, trabajamos con un enfoque integral que articula educación, inclusión financiera, salud y capacitación. La experiencia regional demuestra que ofrecer segundas oportunidades educativas, formación flexible y herramientas productivas es clave para que más mujeres puedan transformar el aprendizaje en ingresos sostenibles y liderazgo comunitario.
Pensar la educación con perspectiva de género implica asumir que las trayectorias no son lineales y que muchas mujeres necesitan volver a formarse a lo largo de su vida. Implica también reconocer que invertir en la educación de las mujeres rurales no es un gasto social, sino una decisión estratégica para fortalecer las economías locales, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. En ese camino, iniciativas como Emprende Pro Mujer ofrecen respuestas concretas al vincular capacitación, acceso a herramientas y acompañamiento con oportunidades reales de autonomía económica, habiendo capacitado a más de 200.000 mujeres en 28 países de la región.
Este debate será central en la agenda regional. En 2026, Lima será sede del GLI Forum LATAM, un espacio que reunirá a actores del sector público, privado y social para analizar cómo la inversión con enfoque de género puede acelerar el acceso a educación, emprendimiento y oportunidades económicas. Vincular estos tres ejes no es una consigna: es una condición necesaria para que la educación deje de ser solo un indicador y se convierta, finalmente, en un verdadero motor de igualdad.
Gerente Global de Educación y Emprendimiento