Por JORGE R. MARÍN MARRUFO
Cada 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, las calles se llenan de voces que exigen igualdad, justicia y respeto a los derechos de las mujeres. Sin embargo, más allá de las consignas y los símbolos, existe un terreno donde esa desigualdad se traduce en cifras concretas, diagnósticos tardíos y vidas truncadas: la salud pública.
Hablar de salud en las mujeres no es limitarse a la maternidad. Durante décadas, la política sanitaria redujo la agenda femenina a la reproducción, invisibilizando otros problemas prioritarios. Hoy sabemos que la salud pública con perspectiva de género implica reconocer que las mujeres enfrentan riesgos diferenciados, barreras específicas de acceso y cargas sociales que impactan directamente en su bienestar físico y mental.
En México, miles de mujeres siguen enfrentando obstáculos para recibir atención oportuna. Las brechas se amplían en contextos de pobreza, ruralidad o pertenencia a pueblos originarios. La mortalidad materna, aunque ha disminuido en comparación con décadas pasadas, continúa siendo un indicador doloroso de desigualdad estructural. Cada muerte materna no es sólo una estadística: es el reflejo de fallas en prevención, atención y seguimiento.
Pero la agenda va más allá. El cáncer de mama y el cáncer cervicouterino siguen ubicándose entre las principales causas de muerte en mujeres adultas. La detección tardía, la falta de campañas permanentes y la saturación de servicios oncológicos revelan que aún no hemos logrado una cobertura efectiva y equitativa. La promoción de la salud —pilar fundamental de la salud pública— debe dejar de ser discurso y convertirse en política sostenida, con educación comunitaria, tamizajes accesibles y acompañamiento integral.
La salud mental es otro frente urgente. Las mujeres presentan mayores índices de depresión y ansiedad, muchas veces vinculados a la sobrecarga de cuidados, violencia de género y desigualdad económica. Durante años, estas problemáticas fueron minimizadas o etiquetadas como asuntos “personales”, cuando en realidad constituyen un problema de salud pública. La violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus formas, no sólo es un delito: es un determinante social que deteriora la salud física, emocional y comunitaria.
Sin embargo, existe una forma de violencia que sigue ocurriendo en silencio y que pocas veces se aborda con la seriedad que merece: el abuso sexual contra niñas y adolescentes dentro de su propio círculo familiar. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México se registran cada año más de 20 mil denuncias por abuso sexual, aunque especialistas coinciden en que el número real podría ser mucho mayor debido al amplio subregistro que caracteriza a este delito.
Las consecuencias de esta violencia trascienden el ámbito penal y se convierten en un problema de salud pública. Datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y del INEGI indican que en el país se registran más de siete mil nacimientos anuales de madres menores de 15 años, un fenómeno que especialistas consideran, en la mayoría de los casos, consecuencia directa de violencia sexual contra menores.
Yucatán no es ajeno a esta realidad. De acuerdo con estadísticas oficiales, cada año se registran nacimientos de madres menores de 15 años en el estado, un indicador que organismos internacionales consideran una señal de alerta por su estrecha relación con el abuso sexual infantil. Además, los registros del sistema nacional de seguridad muestran que los delitos sexuales contra menores forman parte de las denuncias que se presentan de manera constante en la entidad.
Pero más allá de las cifras, existe un problema todavía más profundo: la normalización del silencio. En muchos de estos casos el agresor forma parte del propio entorno familiar o del círculo cercano de la víctima. Las niñas crecen en entornos donde denunciar resulta casi imposible, donde el miedo, la presión social o la dependencia económica de las familias terminan encubriendo a los agresores.
Lo más preocupante es que, pese a que esta realidad es conocida por especialistas, organizaciones civiles e incluso por instituciones públicas, la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. Las políticas de prevención siguen siendo limitadas, los mecanismos de protección no siempre funcionan con la rapidez que las víctimas necesitan y la atención psicológica especializada continúa siendo escasa en muchas comunidades.
Desde la perspectiva de la salud pública, esto representa una falla grave del Estado. Ignorar o minimizar el abuso sexual infantil significa permitir que miles de niñas y adolescentes enfrenten consecuencias que pueden marcar toda su vida: trauma psicológico, depresión, ansiedad, embarazos infantiles, abandono escolar y ciclos de violencia que se reproducen de generación en generación.
En este contexto, el 8 de marzo debe invitarnos a repensar la política sanitaria con enfoque transversal. La salud pública moderna reconoce que los determinantes sociales —educación, empleo, vivienda, seguridad— influyen tanto como los servicios médicos. Si una mujer no cuenta con ingresos propios, difícilmente priorizará estudios preventivos; si vive en un entorno inseguro, limitará su movilidad para acudir a consulta; si asume sola las tareas de cuidado, postergará su propio bienestar.
Desde la Federación Mexicana de Promoción de la Salud sostenemos que la prevención es la herramienta más poderosa para transformar esta realidad. Promover estilos de vida saludables, fortalecer la educación sexual integral, garantizar acceso a métodos anticonceptivos, ampliar la cobertura de vacunación contra el VPH y consolidar redes de apoyo psicológico son acciones concretas que impactan generaciones enteras.
El 8 de marzo no debe ser únicamente una fecha conmemorativa; debe ser un punto de evaluación. ¿Estamos destinando presupuesto suficiente para la salud de las mujeres? ¿Se capacita al personal médico con perspectiva de género? ¿Se están generando políticas públicas eficaces para prevenir la violencia sexual contra niñas y adolescentes?
Sin información clara, sin voluntad política y sin instituciones que actúen con firmeza, la equidad seguirá siendo una aspiración.
La salud pública tiene la responsabilidad ética de colocar a las mujeres en el centro de la agenda. No como grupo vulnerable pasivo, sino como agentes de cambio, líderes comunitarias y promotoras naturales de bienestar. Cuando una mujer accede a servicios de salud dignos y oportunos, toda la familia y la comunidad se fortalecen.
En este Día Internacional de la Mujer, reafirmemos que la igualdad también se construye desde los consultorios, los centros de salud y las políticas preventivas. La justicia social comienza garantizando que ninguna mujer enferme o muera por causas evitables. Esa es la verdadera consigna que debe guiarnos más allá del 8 de marzo.
Presidente de la Federación Mexicana de Promoción de la Salud y especialista en Salud Pública