Las acciones continuas agresivas de Azerbaiyán contra la soberanía y la integridad territorial de Armenia representan una amenaza inminente para la paz y la seguridad en la región del Cáucaso del Sur y más allá.
La ofensiva militar desatada por Azerbaiyán recientemente, el 13 de septiembre, tuvo como objetivo las regiones del este y sureste de Armenia, causando más de 200 muertos, incluso entre la población civil. Alrededor de 8000 personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos fueron temporalmente desplazados. Ciudades densamente pobladas en las profundidades del territorio de Armenia fueron objeto de ataques selectivos en una flagrante violación de los Convenios de Ginebra. Estos ataques fueron precedidos por los actos anteriores de agresión cometidos en mayo, julio y noviembre de 2021.
En una flagrante violación del derecho internacional humanitario, Azerbaiyán capturó, torturó y asesinó a varios miembros del personal militar armenio, entre ellos varias mujeres, las cuales estuvieron expuestas a las barbaridades más despreciables, incluida la violencia sexual y de género, los asesinatos violentos y las mutilaciones. Los impactantes videos de ejecuciones extrajudiciales bárbaras de los prisioneros de guerra armenios se celebran ampliamente en las redes sociales en Azerbaiyán. La evidencia bien documentada que apunta a la conducta criminal del ejército azerbaiyano es innegable. Cada vez es más imperativo que todos los actos de atrocidades se investiguen a fondo y que los perpetradores, incluidos los líderes de sus fuerzas armadas, sean llevados ante la justicia.
Armenia exige una evaluación clara de los crímenes atroces de guerra cometidos por las fuerzas armadas de Azerbaiyán en este periodo y en los anteriores y tratará el tema de manera constante en las plataformas y tribunales internacionales pertinentes, así mismo llevará ante la justicia a los perpetradores y organizadores de los crímenes, incluida la aplicación de sanciones internacionales. En este contexto, es imperativo una debida investigación internacional.
Al mismo tiempo, la comunidad internacional está obligada a aumentar la presión sobre Azerbaiyán para la repatriación inmediata de todos los prisioneros de guerra y civiles armenios detenidos ilegalmente en Azerbaiyán, el esclarecimiento de los casos de desapariciones forzadas y el destino de las personas desaparecidas.
Los antecedentes bien establecidos de incumplimiento por parte de Azerbaiyán de los tratados y regímenes en el área de control de armas convencionales, los ejercicios militares en gran escala no notificados, la concentración militar descontrolada y la negativa constante de aplicar medidas para fomentar la confianza y la seguridad en el marco de los acuerdos regionales a lo largo de los años, han demostrado una clara intención de instigar nuevas agresiones militares en nuestra región. Lamentablemente, la falta de una reacción adecuada y de acciones pertinentes por parte de las estructuras internacionales relevantes en respuesta al claro incumplimiento de Azerbaiyán de sus obligaciones jurídicamente vinculantes, permitió a dicho estado continuar con sus políticas agresivas.
Armenia ha llevado la cuestión de los recientes ataques y la invasión de Azerbaiyán a la atención del Consejo de Seguridad de la ONU y continuará planteando el asunto a los Organismos Internacionales pertinentes para asumir su responsabilidad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y condenar resueltamente los ataques criminales contra la integridad territorial de Armenia, para exigir la retirada inmediata e incondicional de las tropas de sus territorios.
Las estructuras internacionales deben mostrarse resueltas frente a las violaciones sistemáticas y flagrantes de las obligaciones internacionales jurídicamente vinculantes. Las prácticas criminales del uso de la fuerza para capturar territorios o para resolver disputas internacionales deben ser condenadas de manera inequívoca y los infractores deben ser sancionados en consecuencia.
