Estamos cerca de que termine un sexenio más y en materia de política salarial los resultados del gobierno actual tendrían que ser mejores que los alcanzados por los gobiernos anteriores. La realidad es hay una ligera mejoría, pero no suficiente, por lo menos en materia de pobreza laboral. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza -que mide la evolución del ingreso laboral y su relación con el costo de la canasta alimenticia- ha venido a la baja, considerando como referencia el primer trimestre de 2020. A nivel nacional, pasó de 1.2560 en el tercer trimestre de 2020 a 1.0505 en el último trimestre del año pasado. Cabe enfatizar que esta disminución en la tendencia es más baja en las zonas rurales donde pasó de 1.1767 a 1.0040 respecto a las zonas urbanas, donde se observa la disminución de 1.2942 a 1.0528 para el mismo periodo.

A pesar de esta tendencia, el valor del índice ha estado por encima de uno. Esto significa que la pobreza laboral, en vez de bajar, ¿ha aumentado o se ha mantenido? ¿Se puede entonces pensar que refleja una política salarial exitosa? Es posible, pero mínima o casi nula, ya que, en términos acumulados, en los últimos dos años, considerando el cuarto trimestre de cada año, suma una caída de -24.89%.

Y, ¿dónde dejamos los aumentos al salario mínimo? Obviamente, ha contribuido a que la pobreza laboral se mantenga en un nivel o no aumente. No olvidemos que en 2018 el monto vigente general fue de 88.36 pesos y en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) de 176.72 pesos. Este año, en el resto del país subió a 207.44 pesos y en la ZLFN a 312.41 pesos. Estamos hablando de un crecimiento de 134.76% en el salario mínimo general en el resto del país y en la ZLFN de 76.78% en los últimos cuatro años de gobierno. No obstante, si consideramos que sólo cerca de 20% de la población ocupada en el país (Inegi) percibe un salario mínimo y el resto de los trabajadores obtiene salarios contractuales, entonces el efecto es muy poco sobre el total de las personas empleadas. Esto sin considerar aquellos trabajadores informales que representan 55.6% (Inegi) de los ocupados, mismos que no han sido beneficiados con los aumentos en el salario mínimo.

Lo destacable es que en este mismo periodo ha habido un aumento a nivel nacional del ingreso laboral real per cápita. En términos reales, pasó en el tercer trimestre de 2020 a nivel nacional, de 2 mil 460.50 a 2 mil 862.65 pesos en el cuarto trimestre de 2022, un incremento de 16.34%. En la zona rural fue de 14.72% y en la zona urbana de 16.79%. Esto a pesar del aumento en el costo monetaria de la canasta básica.

Si no hubiera sido por estos aumentos, y ante los incrementos en la tasa de inflación que hemos vivido desde diciembre de 2021 y que terminaron por afectar a los que menos tienen, la historia sería diferente.

Académico de la Universidad del Valle de México Campus Lomas Verdes

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