Hay una pregunta que me acompaña desde que llegué a la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ¿para quién impartimos justicia? La respuesta debería ser obvia -para el pueblo de México-, sin embargo, durante demasiado tiempo, el lenguaje, los procedimientos y las formas de la justicia constitucional parecieron diseñados para todo lo contrario: para alejarse de la gente.
Las sentencias de la Corte tienen consecuencias reales en la vida cotidiana de millones de personas: en sus derechos laborales, en el acceso a la salud, en la protección del medio ambiente, en la igualdad de sus familias. Sin embargo, esas decisiones llegaban redactadas en un idioma que pocas personas podían descifrar, guardadas en expedientes que nadie buscaba porque nadie sabía que existían.
Eso está cambiando. Y no es un cambio menor.
Una Corte que abre sus puertas, sus ventanas y sus proyectos de sentencia
Hoy, las sesiones del Pleno de la Suprema Corte se transmiten en vivo, por televisión e internet. Cualquier persona, desde cualquier rincón del país, puede seguir en tiempo real el debate entre ministras y ministros sobre los asuntos más trascendentes para la nación. Pero hay algo más: las sesiones son ahora interactivas. Mientras se observa la discusión en pantalla, es posible ir leyendo el proyecto de sentencia al mismo tiempo, corroborando cada argumento, confirmando la información y comprendiendo de mejor manera lo que sucede frente a los ojos. La transmisión deja de ser un acto poco comprensible para convertirse en un ejercicio de participación informada.
Por eso hemos dado un paso más: cada vez que se discute un asunto en el Pleno, aparece en pantalla un código QR. Quien lo escanea accede de inmediato no solo al proyecto de sentencia completo —que puede seguirse en paralelo con la sesión en vivo—, sino también a un documento introductorio esquemático, funcional y simplificado: un formato completamente ciudadano, diseñado para que cualquier persona, sin importar su formación, pueda entender qué se está decidiendo, por qué importa y cómo le afecta. Sin tecnicismos innecesarios. Sin el blindaje retórico que históricamente ha mantenido al derecho como privilegio de unos cuantos.
No es un gesto simbólico. Es un mecanismo de transparencia judicial que reconoce algo esencial: el trabajo de la Corte le pertenece a la ciudadanía.
Democracia y justicia van de la mano
Una democracia madura no se limita al ejercicio del voto. Exige instituciones que rindan cuentas y ciudadanos que puedan exigirlas. Para eso, la información debe circular, no en documentos de quinientas páginas depositados en un sitio web al que es difícil acceder, sino en formatos que la gente pueda consumir, entender y, sobre todo, usar para comprender y defender sus derechos.
Cuando alguien escanea ese código QR durante una sesión de la Corte, no solo está accediendo a información: está ejerciendo su derecho a saber. Y ese derecho, el derecho de acceso a la información judicial, no es una concesión de la institución. Es un derecho fundamental reconocido por nuestra Constitución y por los estándares internacionales de derechos humanos.
Hay quienes piensan que la justicia constitucional es asunto de especialistas. Yo creo exactamente lo contrario: la Corte toma decisiones sobre cuestiones fiscales, sobre el matrimonio igualitario, sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre el acceso al agua, sobre la prisión preventiva. Ninguno de esos temas es exclusivo de los abogados.
Que más personas sigan las sesiones, entiendan los proyectos y conozcan los criterios que orientan nuestras decisiones no debilita a la Corte: la fortalece. La legitimidad de una institución democrática no proviene solo de su diseño normativo, sino del reconocimiento y la confianza de la sociedad. Y esa confianza se construye con apertura, con claridad y con honestidad sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos.
El código QR es, en ese sentido, un símbolo pequeño de algo mucho más grande: la convicción de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe explicar la justicia, no solo emitir sentencias.
Pedagogía del Derecho: entender la justicia para vivirla
Estas acciones no son iniciativas aisladas: son parte de un modelo de Pedagogía del Derecho que impulsa la Corte con convicción. Un modelo que apuesta por propiciar un mayor nivel de entendimiento del Derecho, de la Justicia y de la labor del Poder Judicial entre la ciudadanía. Porque una sociedad que comprende cómo funciona su sistema de justicia no solo es más libre: es más capaz de exigir que ese sistema funcione bien.
Este modelo se complementa con otras acciones concretas. Las visitas de estudiantes al salón del Pleno son un ejemplo elocuente: jóvenes que no solo observan una sesión, sino que la viven desde adentro, que ven cómo se construye una decisión judicial en tiempo real. El objetivo de esas sesiones no es solamente enriquecer la decisión con la presencia de nuevas generaciones: es ilustrar la práctica de la justicia, hacer que el Derecho deje de ser una abstracción y se convierta en algo tangible, comprensible y, sobre todo, propio.
Los invito a seguir las sesiones de la Corte. A escanear los códigos. A leer el proyecto de sentencia mientras escuchan la transmisión de la sesión. A consultar el resumen ciudadano. A formarse una opinión sobre la determinación. A exigir, cuando no estén de acuerdo. Una ciudadanía informada sobre la justicia es, en última instancia, la mejor garantía de que la justicia cumpla su promesa.
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación