En tiempos ejemplares del cambalache –sí, esos que describe perfectamente el famoso tango– la primera encomienda del nuevo canciller, Roberto Velasco, ha sido desmentir el reciente informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, donde simplemente se apunta una verdad incontestable: esta monstruosa práctica se ha perpetrado a tales niveles que puede considerarse ya crimen de lesa humanidad.
Este Comité de la ONU dice expresamente: “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las altas esferas del gobierno, lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”.
¿Qué haría un gobierno medianamente honesto frente a un informe tan terrible, pero rigurosamente cierto, en el que se menciona el continuo hallazgo de fosas comunes clandestinas en el país, con más de 6 mil 200 cadáveres y 76 mil restos humanos por identificar?
Creo que en primer lugar debería reconocerlo y lamentarlo. Después, pedir auxilio internacional, porque está claro que el Estado mexicano se halla completamente rebasado frente a este terror y la abierta crisis forense en aumento, agravada por la indolencia, ineficiencia y complicidad de muchas fiscalías, la ausencia de personal calificado y de medios y recursos técnicos que ha provocado otra cosa igualmente vergonzosa: que sean los familiares quienes realicen la búsqueda de sus desaparecidos.
Un gobierno decente al menos pediría perdón por no estar a la altura de esta tragedia. En contraste, un gobierno básicamente indecente como el de Morena, que no tiene la menor noción de responsabilidad y rectitud, se indigna y responde al Comité de la ONU que su informe es tendencioso.
Qué raro. Cuando este Comité hacía observaciones semejantes a los gobiernos de Peña Nieto o Calderón, los ahora gobernantes las juzgaban atinadas y correctas. Ahora que despachan en Palacio Nacional les resulta que lo dicho por el mismo Comité “no corresponde a la realidad del México actual” y que su resolución “es parcial y sesgada”.
Pésimos lectores (cuando lo son) y propagandistas ad nauseam de sus “logros”, responden que “los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025”.
En su penoso comunicado, dicen que “el Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”. Es una falacia que sólo ellos pueden dar por cierta, porque en términos estrictos ya las toleró y permitió, puesto que ya se produjeron, para horror de miles de familias. Y en cuanto a que las haya ordenado, nadie acusa a la Presidencia de la República, pero hay diversos hechos y denuncias que señalan al menos la omisión o directa complicidad de diversas autoridades y funcionarios de distintos niveles (tal y como menciona el informe del Comité de la ONU).
Cuando desaparecieron los 43 jóvenes de Ayotzinapa, los hoy gobernantes, entonces opositores, no dudaron ni un instante en señalar al Estado. Ahora ni siquiera aceptan su incapacidad para investigar los hechos, menos aún detener a los responsables o resolver la crisis forense. Lejos de eso, pretenden (con tramposas cuantificaciones) desaparecer a los desaparecidos.
En su infinita miseria, este gobierno cree que lo que está en juego es su reputación (como si esta fuera positiva, internacionalmente), por eso reacciona como lo hace ante el Comité de la ONU. Si fueran mínimamente sensibles sabrían que esto no se trata de ellos, sino de que este país deje de ser una terrorífica e inmensa fosa común.
@ArielGonzlez
FB: Ariel González Jiménez
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