La república vive tiempos funestos. Además de la violencia e impunidad extremas a manos del crimen organizado, padecemos también la ilegalidad, el abuso y la más canallesca actuación de la mayoría de los legisladores (de Morena y sus aliados), que luchan todos los días por superarse a sí mismos como sirvientes del Poder Ejecutivo.
El final del sexenio exhibe ya toda la furia de un poder que aspira a ser omnímodo. El Presidente mueve todas sus piezas –en verdad, peleles– para confiscar 40 mil millones de pesos de las pensiones no reclamadas y aprobar una reforma que busca impedir a los jueces otorgar amparos con efectos generales, anulando así la facultad de los juzgadores para detener o suspender los proyectos prioritarios del gobierno mediante ese recurso.
Así, López Obrador planea despedirse con un gran atraco y un golpe, a todas luces inconstitucional, a la Ley de Amparo. Es un gran cierre que promete servir de puente hacia un gobierno (el de Claudia Sheinbaum) que de esta forma contaría tal vez con un poquito más de dinero para repartir entre sus clientelas y no tendría ya la estorbosa Ley de Amparo, un invento de las democracias burguesa que aquí, suponen, no hace falta.
La revancha contra el Poder Judicial ha sido orquestada por Ricardo Monreal, quien sin ningún empacho la ha convertido en una cruzada contra la “dictadura de la toga”. El senador morenista, quien increíblemente es maestro de derecho constitucional, supone que los legisladores no pueden depender ni estar por debajo de los jueces, puesto que estos no fueron elegidos por el pueblo, de ahí que resultan ser “ilegítimos” frente a los diputados y senadores, que sí lo fueron.
Hace unos años creía –valga mi inocencia– que el senador Monreal era uno de los pocos morenistas con formación y principios suficientes como para no prestarse a los caprichos del Ejecutivo. Los hechos, sin embargo, muestran ahora con toda claridad que su servilismo es estrictamente proporcional a su urgencia por ganarse el perdón definitivo de quien se va (AMLO) y el favor de quien viene (Claudia Sheinbaum). Puede ser que con su más reciente discurso
contra el Poder Judicial –plagado de torcidos argumentos, todos inconstitucionales– haya logrado ambas cosas, pero el desprestigio que se ha ganado entre la comunidad de juristas como enemigo del Estado de derecho será imborrable.
No obstante, el asedio contra el Poder Judicial toma también otros caminos. Al defender al exministro Arturo Zaldívar, acusado de presionar a decenas de magistrados y jueces para impedir que obstaculizaran los casos del interés de López Obrador (que este abiertamente ha reconocido le señalaba al entonces presidente de la Suprema Corte), el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum ha anunciado que emprenderá acciones para enjuiciar políticamente a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y así obtener su desafuero (de paso también piensan irse contra la candidata Xóchitl Gálvez).
No puede ser más directa la colisión que el Presidente López Obrador, sus vasallos legisladores y su candidata impulsan contra el Poder Judicial. Por un lado, están desconociendo en los hechos el peso que la Constitución mexicana otorga a la Ley de Amparo, la cual protege a los ciudadanos frente a los abusos, excesos, acciones cuestionables u omisiones por parte de las autoridades. Por otro, intentan directamente defenestrar a la ministra presidenta de la SCJ, Norma Piña, con lo que la división de poderes pasaría a ser un recuerdo republicano.
Estamos ingresando a un terreno sumamente peligroso en el que el Presidente, irresponsablemente, mueve todas sus piezas para minar y de ser posible destruir el último dique de contención con que cuenta la sociedad mexicana frente al autoritarismo y el poder absoluto. Estamos quedando indefensos y literalmente desamparados frente a lo que no es otra cosa que un golpe brutal a las bases mismas del Estado de derecho.
Correspondencia parda
Aunque no muy convencidas del formato que tendrá su debate, las tres candidatas que aspiran a gobernar Morelos se declaran listas para exponer sus propuestas el próximo domingo. La candidata de la coalición Movimiento Progresa, Jessica Ortega de la Cruz; Margarita González Saravia (de Morena y sus aliados), así como Lucía Meza Guzmán ( de la coalición PRI, PAN, PRD), se quejan del poco tiempo (un minuto) de que dispondrán para presentar sus propuestas en torno de seguridad, economía, turismo y educación (si bien tendrán tres minutos para intercambiar acusaciones).
Llama la atención que en las encuestas la candidata de Morena y sus aliados, Margarita González Saravia, se mantiene a la cabeza. ¿Será que con sus propuestas en materia de seguridad, derechos sociales y apoyos para jóvenes y adultos mayores está logrando dejar atrás el nefasto legado de Cuauhtémoc Blanco? Ya veremos.
@ArielGonzlez
FB: Ariel González Jiménez
