No se justifica centralizar a la Justicia Electoral

Ángel Durán

Desde el año 2006, han existido intenciones del PAN, posteriormente del PRI y recientemente de MORENA, tratando de centralizar todo el sistema electoral y ante eso pregunto ¿será lo correcto? ¿Cuál es la razón por la que la federación quiere centralizar a la justicia electoral? ¿Se viole el pacto federal de las entidades federativas? Mire usted, El 26 de agosto de 1996, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y con ello, luego se crean los Tribunales de Justicia Electoral local, y así se completa el sistema electoral mexicano, que conoce de controversias en materia política electoral; esta reforma constitucional, obligó a los estados a crear los Institutos Electorales, actualmente OPLES, que designa hoy día, el INE, lo anterior, tomando en cuenta el pacto federal, en el que establece que cada entidad federativa creará sus instituciones para su buen función pública.
Hasta aquí no hay novedad para la justicia electoral local y, sobre todo, para la consolidación de la democracia mexicana, pues se iba consolidando, poco a poco; así duró casi diez años, sin embargo, a partir de 2006, varios partidos políticos con registro nacional, empezaron a tratar de quitar a los estados, la organización y juzgamiento de los procesos electorales; el argumento, siempre ha sido, que habría un ahorro significativo en las finanzas públicas.
Lo anterior no resulta cierto, sobre todo si tomamos en cuenta la función efectiva que este sistema estatal judicial, ha probado ser al momento de garantizar la constitucionalidad y legalidad de los procesos electorales, según la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C. (ATERM) al presentar La evaluación de la labor realizada por los tribunales electorales locales, ha señalado que su desempeño ha sido eficaz en un 93.9% en general; tomando en cuenta que los tribunales locales resolvieron 10,979 asuntos en el proceso electoral 2017-2018, de este gran total, se impugnaron 3,204 resoluciones ante la Sala Superior, sus Salas Regionales y la especializada del TEPJF, y de éstas 2,543 fueron confirmadas, indicando, que la calidad de sus determinaciones, tienen un alto índice de eficacia; ¡entonces! ¿por qué quitarle a los estados su sistema electoral? No se justifica, ni siquiera por un tema presupuestario, ya que al centralizarse todo, se tendrá que incrementar el número de salas, servidores públicos y una gran estructura a nivel nacional, además de que, uno de los problemas fundamentales y que ha perjudicado a la nación mexicana, es que, con este tipo de decisiones, se viola el pacto federal, pues en vez de apoyar a las entidades federativas, para que los estados manejen su régimen jurídico interno, la federación les está quitando facultades, lo que debe de hacer es coadyuvar para fortalecer el sistema democrático de cada entidad federativa y no quitárselas, a menos de que esté justificado, pero en este caso, el único argumento para justificarlo es, que se ahorrarían aproximadamente 1,300,000 millones de pesos, ¡una pregunta! ¿cuánto costará a la justicia federal electoral, darles la competencia que les toca a los TEE, no se dice, pero no creo sea menor al gasto actual.
Sin duda mucho daño se le causará al federalismo judicial electoral y a la consolidación de la democracia de los estados, me parece que es uno de los errores más grandes y uno de los retrocesos que pudiera sufrir el constitucionalismo local, de lograr imponer esta reforma; ojalá los estados hagan una reflexión de cuidar se respete el pacto federal en el momento en que se les notifique la reforma constitucional, -si se da- y que las organizaciones de la sociedad civil organizada y especialmente las de justicia electoral, como la ATERM vayan pensando en un medio de defensa internacional, para defender a la judicatura electoral en México, ante un agravio de esta envergadura.
 

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