La designación de magistrados en Colima a revisión por un organismo internacional

Ángel Durán

En la primera semana de septiembre de 2020, se presentaron varias quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) con sede en Washington D.C. E.E.U.U, en contra del Estado Mexicano. El motivo del reclamo de los y las actores, es porque denuncian, que México, no garantiza la autonomía e independencia del sistema de justicia, señalan que “a jueces y magistrados” se les designa de forma discrecional y por decisiones políticas y no jurídicas, menos por méritos y capacidades; siendo uno de los motivos del atraso del poder judicial en nuestro país.

El origen de las inconformidades se da en el Estado de Colima, donde el Gobernador nombra, sin procedimiento, sin transparencia y con la anuencia del Presidente del mismo Poder Judicial a tres magistrados y una magistrada, por decisiones meramente políticas, ignorando y desdeñando la intención de competir de varios miembros del Poder Judicial con experiencia y profesionalismo, mostrado en el ámbito de justicia, así como a varios juristas reconocidos, muchos con méritos y capacidades para desempeñar el cargo.

Pero no, eso no le importó al ejecutivo, los designó y el Congreso para pronto los aprobó y les tomó protesta.

Inconformes, quienes no fueron tomados en cuenta, (entre ellos jueces y juristas independientes) promovieron juicios de amparo en los tribunales federales radicados en Colima, y lo que se pidió, fue, que a los magistrados del poder Judicial se les debe designar, a través de exámenes de oposición y que se pidiera como requisito en la convocatoria, (no se hizo convocatoria) que se demostraran méritos y capacidades a los participantes, esta es la forma que le han exigido a México la ONU y la OEA, la misma CIDH en su último informe de diciembre de 2013, señala que, para avanzar en la autonomía e independencia de los tribunales de justicia, se necesita fortalecer a las instituciones; entre las recomendaciones dice; que los Estados parte de la OEA -México es uno de ellos- deben garantizar procedimientos transparentes y libre competencia y con exámenes de oposición para escoger a
jueces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Reverón Trujillo vs Venezuela, dictó sentencia en el mismo sentido, existen los Principios Básicos de la Judicatura Internacional de ONU que pide lo mismo, la SCJN en nuestro país, en su jurisprudencia de hace poco más de treinta años, señalaba la misma forma de designar a jueces y magistrados, -aunque en la práctica nunca se ha hecho-, a pesar de todo esto, la Suprema Corte, estimó importante hacer uso de su facultad de atracción de todos los juicios de amparo en trámite, de los tribunales federales de Colima, para ella resolverlos y resolvió conforme a la práctica.

Los amparos se radicaron en la Segunda Sala, bajo la siguiente nomenclatura; Amparo en revisión 613/2019, Amparo en revisión 646/2019, Amparo en revisión 788/2019, Amparo en revisión 784/2019 y Amparo en revisión 871/2019, dictando una sentencia sorpresiva y violando la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, también se aparta de la jurisprudencia de ONU, al ya no coincidir en las reglas específica para designar a juzgadores.

¿Qué dijo la SCJN en las sentencias que dictó sobre este tema y que ahora pone en riesgo a México, de ser declarado por la responsabilidad internacional al violar la Convención Americana? que los ejecutivos de los Estados, pueden nombrar magistrados y magistradas de forma discrecional, si así se los permite su marco jurídico local, omitió señalar lo que dicen los tratados internacionales sobre este tópico y eso está prohibido de acuerdo al sistema interamericano y a nuestra propia Constitución art. 1º.

Por eso, es que, ante la determinación de la SCJN, los quejosos acudieron a tribunales internacionales a demandar al Estado Mexicano, por violar la autonomía del sistema de justicia.

Es lamentable el precedente de la Corte, ésta sabe, que un elemento para avanzar en el fortalecimiento del poder judicial, es lograr la plena independencia de los tribunales de justicia y un requisito importante, es, elegir a los y las juzgadores más capaces. Esto apenas empieza y ahora el fortalecimiento del sistema de justicia en México, está en manos de un organismo internacional.
 

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