Aunque este tema es poco explorado, sí existen intenciones tanto de gobierno a nivel de promesa, como la petición social, de que el presupuesto que se recauda cada año, se utilice un mejor mecanismo de distribución a nivel nacional.

Por supuesto, que se haga de acuerdo a las necesidades urgentes, ordinarias y que generen condiciones de sustentabilidad y desarrollo en el país.

En cada sexenio, el ejecutivo federal y estatales, inciden predominantemente en la forma, en que se distribuye el presupuesto; esta decisión debe ser ejercido de forma democrática: esto es, que el ingreso recaudado de todo el país, tenga un mecanismo que dé certeza social, de que su distribución tenga como objetivo, garantizar condiciones de igualdad para todas las regiones del país en su distribución.

La forma en como se hace, genera que su reparto se politice, pues la recaudación y distribución, no se basan en reglas y principios presupuestarios, sino más bien, en la idea y el pensamiento de quien se encuentra en el poder en cada periodo de gobierno, ya sea estatal o federal.

Esta práctica genera inconformidad generalizada, pues no existe un mecanismo adecuado que hasta ahora refleje lo que la sociedad desea: que el presupuesto cuente con un mecanismo para recaudarse, distribuirse, ejecutarse y ser verificado a través de auditorías, a fin de ir coadyuvando al desarrollo progresivo de la sociedad.

Sin embargo, no es así, aquí es donde cobra importancia el concepto de democracia presupuestaria, definiendo tal concepto, como la obligación de los titulares que representan al país, su deber de aplicar el presupuesto recaudado, con el único propósito de garantizar en condiciones de igualdad y distribuirlo sin intereses particulares, ni políticos, sino más bien, tomando en cuenta valores y principios democráticos, pues, no deben olvidar que como autoridad, están obligados a respetar los derechos de todas las personas, y uno de ellos es tener acceso a que su comunidad acceda en condiciones de igualdad a la obtención de un presupuesto, para satisfacer las necesidades colectivas.

La recaudación impositiva por parte del gobierno, debe estar ligada a una excelente distribución igualitaria y equitativa en toda la nación. Pero también, por parte de la sociedad, debe existir la obligación y el deber de aportarlo de manera responsable.

Para esto, se debe establecer un binomio de confianza, donde quien paga el impuesto, lo haga con responsabilidad y el gobierno que lo recauda, lo distribuya y lo regrese en programas que promuevan el desarrollo igualitario del país, no solo a un sector o a determinados grupos de personas que pueda beneficiar.

No se debe ejercer el presupuesto con fines partidistas, sino que, debe existir un sistema regulatorio que garantice esa igualdad y transparencia que se demanda.

De igual forma, debe existir un mecanismo adecuado de ejecución presupuestal y un sistema de revisión permanente a través de auditorías realizadas por instituciones públicas y con la participación social, que de fé como se está utilizando ese presupuesto.

Si nos involucramos como sociedad civil organizada, podríamos decir que la democracia presupuestaria en México, mejoraría las condiciones generales en todo el país.

La discreción o politización del presupuesto, genera malestar, desconfianza y se percibe el favoritismo del gobierno, hacia determinados grupos y el abandono a otros.

En general, no es lo más recomendable para el crecimiento de un país, pues la sociedad se siente defraudada, cuando se atenta contra el aporte de sus impuestos y siente que no es tomada en cuenta en su distribución.

Nuestro país, debe separar el poder político del poder económico: que los poderes encarguen de sus funciones constitucionales y que el poder económico que tiene su fuente en la recaudación presupuestal, lo distribuya de acuerdo a las necesidades sociales, respetando los principios básicos que caracterizan al sistema presupuestal, según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Dr. Ángel Durán Pérez

Asesor Jurídico de Víctimas (ASVI)

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