En los campos costeros de Colima, donde el aire debería traer consigo el aroma de la floración y el murmullo incansable de las abejas, se percibe otra realidad: una atmósfera contaminada por sustancias que amenazan la vida.
En municipios como Tecomán y Armería, así como en buena parte del litoral agrícola del estado, los polinizadores están desapareciendo, y con ellos, se va también una parte fundamental del equilibrio ecológico y productivo de la región.
La apicultura colimense atraviesa uno de sus momentos más complejos. No se trata de un fenómeno aislado ni de causas desconocidas.
La muerte masiva de colmenas en los últimos años ha sido estudiada, documentada y señalada por diversos actores, entre ellos, la Universidad de Colima, que ha sido una aliada constante de los productores.
Las muestras analizadas en campo revelan la presencia de agroquímicos de alta toxicidad —como el fipronil, imidacloprid o clorpirifos entre muchos más— en niveles que superan los límites recomendados y que han sido directamente vinculados con la pérdida de cientos de colmenas.
Estos hallazgos no son menores. Reflejan un impacto profundo en el ecosistema y en la economía local.
La producción de miel en Colima ha disminuido más de un 40% en la última década, de acuerdo con datos del INEGI. Tan solo en 2024, se estimó la pérdida de más de 300 colmenas en la zona costera, lo que representa un daño económico de más de un millón de pesos para las familias apicultoras.
Pero no es únicamente un tema económico: cada colmena perdida significa también una disminución en la capacidad de polinización, menor rendimiento agrícola y una afectación directa a la biodiversidad.
La comunidad científica, representada por investigadores como el Dr. Juan Manuel Palma García, y representantes del gremio apícola, como Francisco Larios Barboza, delegado de la Asociación especializada de Apicultores de Tecomán, han expresado con claridad la situación: se han realizado capacitaciones, encuentros y foros, sin embargo, aún falta traducir esta preocupación en medidas concretas que protejan verdaderamente la apicultura y a quienes dependen de ella.
Sabemos que el tema es complejo y que implica equilibrar la productividad agrícola con el respeto a los ciclos naturales. Por eso, desde el sector apícola, se propone avanzar hacia un marco regulatorio más riguroso en torno al uso de agroquímicos en zonas cercanas a colmenas, particularmente en los momentos críticos de floración.
Asimismo, se requiere promover alternativas más amigables con los polinizadores, así como programas de apoyo que permitan resarcir daños y, sobre todo, fortalecer y modernizar la actividad apícola.
Las instituciones públicas, en sus distintos niveles, tienen un papel clave en esta tarea. No se trata de buscar culpables, sino de asumir responsabilidades compartidas.
Con voluntad y visión de futuro, puedan generarse políticas públicas efectivas que permitan que la apicultura colimense no solo sobreviva, sino que crezca y florezca, como merece.
Porque el trabajo de las abejas no se limita a producir miel. Ellas sostienen silenciosamente procesos vitales para la alimentación, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. Su cuidado no es un lujo: es una necesidad urgente que requiere atención inmediata.
También es momento de que las autoridades federales analicen esta problemática con una visión más amplia, porque lo que ocurre en Colima no es un caso aislado.
En realidad, la situación se repite en apiarios de todo el país. La preocupación se ha convertido en una constante entre los apicultores organizados en México, quienes han levantado la voz en distintos espacios para advertir que la apicultura nacional se encuentra en riesgo.
Así lo expresó, en entrevista, Luz María Saldaña Loza, dirigente de la Organización Nacional de Apicultores, quien señaló con claridad que esta es una crisis de carácter nacional.
A pesar de que se han hecho esfuerzos puntuales, persiste una sensación de abandono institucional. "Cuando las autoridades dimensionan el problema", explicó, "lo terminan trasladando de una dependencia a otra, bajo el argumento de que no es de su competencia". Esta falta de definición ha dejado a miles de colmenas sin protección efectiva.
La raíz de este vacío, como bien señaló la dirigente nacional de apicultores, es la ausencia de una regulación específica que proteja a las abejas y a la apicultura como actividad estratégica.
Si bien existen iniciativas de ley presentadas en el Congreso de la Unión, muchas de ellas se encuentran detenidas, sin avances significativos. Esto ha impedido que se establezca un marco legal claro, que garantice condiciones mínimas para preservar a los polinizadores frente a los impactos de las prácticas agrícolas intensivas.
Hoy más que nunca, urge dar el paso hacia una legislación especializada que reconozca el papel esencial de las abejas en el equilibrio ecológico, en la soberanía alimentaria y en el desarrollo económico de las comunidades rurales.
Es fundamental que este tema se coloque en el centro de las agendas legislativas y se le dé seguimiento hasta su materialización en políticas públicas concretas.
Porque si no se actúa a tiempo, las consecuencias no serán únicamente para el sector apícola, sino para todos. Dejar sin protección a las abejas es perjudicarnos como humanidad.
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