Las redes sociales son un campo minado y, al mismo tiempo, de entretenimiento para todos los usuarios -desde los intelectuales, hasta los empoderados sandios-. Por su naturaleza democrática, su contenido plural y las opiniones ahí depositadas, las redes dan la vuelta al mundo con tan solo un “click”. Esta inmediatez disminuye los filtros para comprobar la veracidad y/o la ‘moralidad’ (así como la simpatía positiva o perversa de los espectadores tras un monitor) de todas las ideas previo a su publicación.
En la era de la posverdad en donde las redes sociales han ofrecido valor a los timoratos y poder a los falaces, cualquiera es lo suficientemente informado y sabio hasta que se le demuestre lo contrario (gajes del oficio de la libertad de expresión, en los territorios que se autodefinen como “libres y democráticos”). Sin embargo, esto podría cambiar.
Desde que el pasado 6 de enero de este año, uno de los mandatarios más polémicos y políticamente incorrectos de Estados Unidos -sí, nos referimos al afable y nada extrañable Donald Trump- incitó a través de sus redes sociales levantamientos violentos en el Capitolio durante el cierre del proceso electoral estadunidense, el debate sobre la “libertad de expresión” en occidente y el papel de las redes sociales en contextos de suma tensión política, volvió a la escena mundial. Esto se debió a que Facebook y Twitter dejaron de lado su aparente neutralidad política y sometieron a uno de sus usuarios más seguidos en sus plataformas (con cerca de 52 millones seguidores) al escrutinio inmediato con la implementación de sus renovadas políticas de contenido y reglas comunitarias. Al final, ambas plataformas decidieron cancelar de manera definitiva las cuentas del mandatario. A partir de ese momento, y por tratarse de un mandatario, varios políticos y Jefes de Estado como Angela Mérkel o Andrés Manuel López Obrador, han advertido lo “problemático” de estas acciones y la necesidad de establecer un marco legal para poder intervenir cuando esté por censurarse la “libertad de expresión” derivado de la incitación a la violencia. La justificación de Mark Zuckerberg (CEO de Facebook) y de los directivos de Twitter escaló a tal nivel que abrió un debate en donde estas empresas tienen presencia, para replantearse los términos y condiciones de los niveles de operación y poderes que tienen para censurar a la población y, especialmente, a los líderes políticos.
Sin embargo, el debate actual sigue siendo bastante ambiguo: por un lado, políticos como el presidente López Obrador y el líder de la mayoría en el Senado mexicano, Ricardo Monreal, señalan que las actitudes recientes de estas empresas amenazan la libertad de expresión de los ciudadanos, pues atentan en contra de un derecho fundamental, que es el acceso a la Internet (ONU, 2011) y -por lo tanto- el acceso a todo tipo de información. Por otro lado, el concepto de “internet” se usa como un sinónimo de “redes sociales” donde éstas últimas -pese a ser plataformas creadas, administradas y optimizadas por una empresa fundadora-, solo se hacen tangibles en esa pangea virtual si el usuario las consume. Mientras que la internet es un derecho por ser un espacio que a la fecha no tiene fronteras y se ha convertido en una necesidad básica para la libre expresión (empero, sí posee una infraestructura mundial que permite la comunicación desde cualquier punto en el espacio), las redes sociales son parte de la gran variedad de programas cibernéticos y plataformas digitales (tales como Google, Mozzilla, Amazon, Alibaba, Spotify, Netflix, y un gran etcétera) que son el resultado de desarrolladores privados y que terminan delimitando el uso y ejecución de distintas tareas en la web global.
Por lo tanto, hablar de una “gratuida” a cambio de “acceso a la internet” es un espejismo mal definido y es el principal problema para debatir en diversos países, sobre todo, porque el usuario sí paga para usarlas: ya sea con inversión en alguna divisa (para publicidad, optimizaciones, servicios exclusivos...) o con sus mismos datos, y no siempre esos datos son protegidos y almacenados de una manera ética y responsable. Por ello, es que Twitter y Facebook se han vuelto tan polémicas (al igual que populares), e incluso, se les ha llegado a “satanizar”. Pero más allá de las recientes acusaciones de los gobiernos donde esas plataformas tienen gran presencia -sobre todo después de escuchar de casos como Cambridge Analytica y del bloqueo de cuentas que van “en contra de las normas comunitarias” en Hong Kong y, recientemente, en EE. UU.-, la realidad es que estas redes sociales también han evolucionado y mejorado tanto en medidas de seguridad y toma de decisiones (que no llegan a ser unilaterales), como en la optimización de la convivencia entre sus clientes. Y todo eso ha sido el resultado de las presiones colectivas que han denunciado las violaciones a su seguridad y a la de otros, así como han exigido una mejor ética publicitaria y empresarial en la que se logre censurar los discursos de odio, acoso, agresiones, desinformación e identificar acciones delictivas en sus espacios. Por ejemplo, en Estados Unidos y Latinoamérica, las autoridades cibernéticas han podido identificar a quienes agreden a activistas y grupos LGBT+, además de rescatar a miles de víctimas de trata y pornografía infantil, gracias a la cooperación de plataformas como Facebook y Twitter.
El poder de las redes sociales, entonces, deja de ser solo una herramienta para los poderosos usuarios que influyen -tanto positiva, como negativamente- en sus respectivos países y audiencias, y se convierten en una gran oportunidad para sociedades enteras. Aún hay un largo camino que recorrer tanto para los usuarios, como para los gobiernos en todo el mundo. En lo que atañe a la regulación se puede aspirar a llegar a permitir “una sana convivencia” entre las empresas y los gobiernos y de esta manera, evitar llegar a vetar las ya existentes (como sí lo han hecho China y Rusia, con el éxito de una propia red social: ej. WeChat), y que las nuevas plataformas creadas por decisión del Estado lleguen a convertirse en una herramienta de persecución o censura para la ciudadanía.
Andrea Navarro
Internacionalista por la FES Aragón-UNAM y asociada del Programa de Jóvenes del COMEXI. Especialista en temas de género, transformación digital y redes sociales.