Contratos selectivos en la 4T

Ana Paula Ordorica

El gobierno ataca los contratos otorgados a empresas privadas, pero a la hora de los hechos los parece aplicar de forma selectiva

Una mañanera sí y la otra también el presidente López Obrador ataca los contratos que la iniciativa privada obtuvo en el sexenio de Enrique Peña Nieto en el sector energético. Contratos que ha descrito como leoninos; como un abuso que daña la soberanía de México al otorgar a empresas privadas, en especial internacionales, los recursos que López Obrador considera deben manejar Pemex y/o la CFE.

Por eso llama la atención que en el caso de Grupo Simsa no se le escuche al presidente queja alguna de los abusos de esta empresa propiedad de Nessim Issa Tafich. Por el contrario, el monopolio en la distribución y transporte de gas natural que tiene una de sus subsidiarias, Gas Natural del Noroeste, en el estado de Veracruz, se mantiene extrañamente firme.

Tan firme que desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y hasta la fecha han obtenido más de 40 contratos exclusivos para la distribución de gas en donde ellos deciden a quién le venden; cuánto y cómo cobran. El caso más llamativo es la concesión que se les dio del gasoducto Zapoapita-Mendoza que apenas mide 35 kilómetros, pero es sumamente importante porque es el que conecta el norte con el sur de México.

Y aquí es cuando entra en acción la selectividad de los contratos en el gobierno. La empresa Alten (Destiladora del Valle) presentó una denuncia en contra de Gas Natural del Noroeste (GNN) porque de un día al otro, en 2019, Pemex le cambió la jugada a pesar de tener un contrato vigente para que le suministrara gas natural. Petróleos Mexicanos les anunció que su nuevo proveedor sería GNN. Hasta ahí no habría problema, salvo por la mordida de entrada que pidió este nuevo proveedor a Alten: 17 millones de pesos, como se puede ver en la carpeta 3645-2019.

Como Alten no quiso pagar esta cantidad y presentó una denuncia contenida en la carpeta arriba mencionada, GNN amenazó y acusó a la empresa de robar gas de sus ductos, de gaschicol. A pesar de no presentar una sola prueba, la Fiscalía General de la República cateó una planta de Alten y detuvo sus trabajos durante cuatro meses. Todo esto con el apoyo de la gerente de Gas Natural y Etano de Pemex, Beda Carreto Santiesteban, contra quien ya hay una carpeta de investigación también, la 2664-2021, por abuso en sus funciones.

Al no encontrar pruebas que acreditaran el robo de gas por parte de Alten, la planta ya fue reabierta pero los daños causados por los privilegios de GNN son varios. Alten no es la única empresa afectada en la zona de Orizaba. En total ya se han perdido más de 700 empleos en esa región por recortes que han tenido que hacer entre cierre de plantas y aumento a las tarifas de gas de forma unilateral y sin explicación por parte de GNN.

Lo peor es que algunas empresas han tenido que encontrar otras fuentes de energía para no frenar su producción, entre ellas combustóleo y metano que, además de ser más caras, son mucho más contaminantes.

Esta concesión del ducto Zapoapita-Mendoza que se le otorgó a GNN permite a la empresa trabajar sin ninguna regulación. Evidentemente aquí no se puede hablar de que a través de esta acción apoyada por el gobierno estatal y federal se esté logrando un fortalecimiento ni de Pemex ni de Gas Bienestar, como constantemente dice el presidente que actúa su gobierno. Por ello la gran pregunta es ¿por qué tiene tanto poder esta empresa, Gas Natural de Noroeste, filial de Grupo Simsa? Y ¿por qué tiene tanto poder Beda Carreto Santiesteban, una gerente en Pemex?

Sería muy bueno conocer la respuesta ante un gobierno que ataca los contratos a privados, pero a la hora de los hechos los parece aplicar de forma selectiva, al igual que la justicia para amedrentar a quienes no se cuadran ante estos abusos. 

 

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