Otros datos, otras prioridades

Ana Lilia Herrera Anzaldo

 

Ella tiene 17 años y estudia en Texcoco. Nos conocimos en uno de los muchos foros que he realizado en el Estado de México para escuchar a las y los jóvenes en torno a la iniciativa de Ley General de Juventud en la que trabajo. Su propuesta me llenó de rabia e impotencia y refleja una realidad insostenible.

¿En qué momento los niveles de violencia e inseguridad se normalizaron y se convirtieron en fatalidad, a grado tal que una joven estudiante no pide al gobierno garantizar su seguridad, sino regular el uso de gas pimienta y pistolas de electrochoques para “tener una segunda oportunidad de vida” y poder escapar de los agresores que encuentra todos los días en la calle?

Mientras Morena y su gobierno reparten culpas, inventan pretextos y distraen la atención de la sociedad acusándonos a los legisladores de oposición de frenar una reforma eléctrica que promueve energías sucias y caras, la Red por los Derechos de la Infancia advierte que el solo hecho de tener entre 15 y 17 años, ser mujer y vivir en México, te da un 36 por ciento de probabilidades de ser una víctima más de feminicidio y un 30 por ciento de ser desaparecida.

Nos quieren callar e invisibilizar, pero su indiferencia y la impunidad nos hacen a golpes feministas.

¿Es normal que, con estas cifras, Morena y su gobierno dediquen sus esfuerzos para nacionalizar –otra vez— el litio y con una celeridad que hace historia, publiquen al día siguiente esa reforma en el Diario Oficial de la Federación, mientras guardan en el cajón las reformas que aprobamos en la Cámara de Diputados hace casi dos meses, para perfeccionar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)?

La AVGM se creó en 2007 y fue concebida en su diseño original como una medida urgente, inmediata y de intervención multinivel. Sin embargo, a lo largo de estos 15 años, se ha traducido en planes de gobierno a largo plazo, con medidas que no resuelven ni atienden la emergencia en lo inmediato.

Es también una “papa caliente” que nadie quiere tener, porque es imprecisa en la distribución de las acciones para atender las Declaratorias y no resulta claro el nivel de responsabilidad ni de competencias de cada uno de los 3 ámbitos de gobierno, además de que carece de indicadores para evaluar su efectividad y de criterios para definir cuándo puede levantarse.

Por esos motivos, en marzo pasado, aprobamos una serie de reformas a La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de que la emisión de la AVGM sea pronta y expedita, atendiendo a la situación de urgencia de los hechos documentados, al territorio especificado en la solicitud, así como al principio de debida diligencia.

La reforma aprobada cierra el paso a las excusas y permite que las autoridades adopten medidas presupuestales necesarias, suficientes y de carácter extraordinario, para implementar el mecanismo citado y determina que el tiempo entre la admisión de la solicitud de Alerta y la Declaratoria no puede exceder los 45 días naturales, aunado a que las autoridades deberán hacer público el motivo de la Alerta, la zona y las acciones a implementar para hacer frente a la violencia feminicida.

El objetivo es exigir a las instituciones acciones claras, transparentes, expeditas y urgentes. Lamentablemente Morena y su gobierno no solo tienen otros datos, sino otras prioridades.

Urge publicar esta reforma y acreditar con hechos en los gobiernos federal, estatales y municipales, que hay voluntad de cumplir con la responsabilidad legal y moral de salvaguardar la vida de las mexicanas.
 

Diputada federal mexiquense por el Distrito 27
@AnaLiliaHerrera

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