El 8 de marzo por venir, anuncia de nuevo un grito desesperado, y no por ejercer la libertad de expresión femenina, pues ya nomás faltaba que nos la coartaran; sino por los oídos sordos de un gobierno que afirma apoyar como nunca a las mujeres, pero en los hechos nos ignora y nos oprime.
Estamos de acuerdo: prohibido prohibir, pero también mentir. Datos oficiales revelan que cada día en México son asesinadas 10 mujeres; ¿por qué entonces la incongruencia de recortar recursos para la prevención de la violencia contra las mujeres en mecanismos como la Alerta por Violencia de Género (AVG)?
Las mujeres seguimos dispuestas a manifestarnos y gritar las consignas que sean necesarias, y estamos determinadas a frenar retrocesos impuestos por la actual administración federal, con los medios legales y propositivos a nuestro alcance, para dejar a un lado los qué y entrarle a los cómo, para que el Estado Mexicano se compromete a hacer efectiva la garantía y la obligación de proteger la vida de las mexicanas.
Para que exista libertad, requerimos igualdad, por eso, más que discursos y condescendencia patriarcal, necesitamos acciones claras para erradicar la violencia, esa que al 2020 el INEGI reportó que afectó a 30.7 millones de mujeres en México: cuatro puntos porcentuales más respecto a 2017 y que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan solo en la primera mitad de 2020, provocó 489 feminicidios en el país; un aumento del 9.2% en comparación con la primera mitad del año 2019 y del 13.2% en comparación con el año 2018.
La tan politizada y temida AVG, debe convertirse en un eje de prevención y atención de la violencia feminicida en los niveles municipal, estatal y federal; es indispensable que las autoridades, por ley, generen indicadores que permitan la evaluación federal y estatal de las acciones y políticas públicas que se implementaron a partir de la declaratoria por violencia de género; adaptarse y cubrir los vacíos y omisiones en su aplicación, empezando por los austericidios de los que ha sido víctima, pues de 2020 a 2021 tuvo una reducción de 14 millones 189 mil 902 pesos, que además llegaron a destiempo.
La vida de las mujeres no puede depender de estados de ánimo u ocurrencias gubernamentales, es preciso establecer en la ley la obligación de asignación y disponibilidad de recursos durante todo el año para la atención de la Alerta por Violencia de Género y evitar como ocurrió en julio de 2020, que se notifique la “cancelación de presupuesto federal para la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres” como le sucedió a ocho entidades: Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, aun cuando éstos cumplieron los lineamientos previstos por el gobierno federal y sin justificación legal por encima de la protección de la vida de las mujeres y niñas.
Otro gran reto, es dejar de atender la violencia contra las mujeres como un problema aislado. Datos de Fundar revelan que en el 84% del territorio nacional se ha solicitado en algún momento declarar la AVG. ¿Por qué no establecerla a nivel nacional? Tal vez no sea popular reconocer los niveles de muertes y violencia, pero es criminal ser omisos ante la cifra de 30 millones de mujeres que han sufrido violencia de género.
Por ello la norma debe establecer con claridad la obligación que tienen los servidores públicos de cumplir y hacer cumplir la Ley, para que nadie, por ninguna razón y menos valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, obstaculice o impida la implementación de la Alerta de Género así como los programas y políticas para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas.
Me gustaría que la próxima vez que se hablara sobre la libertad de las mexicanas, ésta implicara caminar las calles con seguridad, un gobierno empático con nuestras necesidades, que escuche, atiende y esté dispuesto a cerrar el paso a la impunidad y no a las víctimas.
@AnaLilia Herrera
