En apenas 144 días, México pasó de la evolución, a la demolición del Sistema Educativo mexicano: en abril se aprobó una reforma constitucional de avanzada con la participación de varias fuerzas políticas, pero ayer Morena, su gobierno y sus aliados en el Congreso, apostaron por una legislación secundaria que no garantiza el derecho de la niñez y la juventud a recibir educación pública de excelencia.
Tantos años en campaña para llegar al poder, tanto presumir que se hizo explícita la rectoría del Estado mexicano en materia educativa, para convertirla en moneda de cambio con sus aliados electorales y renunciar a la posibilidad de asignar recursos suficientes, de asignar plazas con transparencia y con respeto al mérito y el esfuerzo de las maestras y maestros.
Ufana y presurosa, la mayoría oficialista en San Lázaro atropelló la norma parlamentaria para aprobar los dictámenes que se acordaron a puerta cerrada en Palacio Nacional. Ahora sí, juntos harán historia: impulsaron la mayor contrarreforma educativa en la historia del país.
La historia los juzgará por el secuestro y el desprecio al trabajo del Poder Legislativo, pues con él, secuestraron el destino de millones de niñas, niños y jóvenes, negándoles la oportunidad de salir adelante gracias a su preparación, a la oportunidad de recibir educación pública y gratuita de la calidad, para ser competitivos en un entorno global y tener una profesión que les permita vivir con dignidad y honradez.
La apuesta del nuevo régimen es crear clientelas en lugar de oportunidades; centralizar el poder en lugar de democratizarlo, apostar a la opacidad y la obediencia, en lugar de a la transparencia y la libertad, como se evidencia en el paquete económico 2020, que desnuda la demagogia de su discurso: cero pesos para educación inicial y para el programa de inclusión y equidad educativa; casi 50 por ciento menos recursos al programa nacional de inglés y 97 por ciento menos para la expansión de la educación media superior y superior, que hoy son obligatorias.
El presupuesto destinado para apoyos a centros y organizaciones de educación crece en 416 por ciento, en tanto que las becas Benito Juárez para estudiantes de nivel medio superior y Jóvenes escribiendo el futuro, aumentaron 67 y 80 por ciento respectivamente.
En su búsqueda de clientelas, condenan a las nuevas generaciones a sobrevivir de apoyos gubernamentales que sí, son necesarios, pero que deberían ser temporales e ir acompañados de las condiciones necesarias para que su educación sea de calidad y el día de mañana tengan un empleo formal y un salario digno, que corresponda a su esfuerzo, y no dádivas gubernamentales.
Desaparece el Inifed y aunque rectificaron al mantener en el gobierno federal la responsabilidad de emitir lineamientos y obligaciones para los procesos constructivos en los centros escolares, dejaron a las entidades federativas la responsabilidad de hacer obra educativa y supervisar la que ahora realizarán los comités formados por padres y madres de familia.
Será necesario mantener la exigencia de que, independientemente de los recursos que el gobierno federal destine a los Comités Escolares de Administración Participativa, la Secretaría de Hacienda mantenga la asignación a las entidades federativas y municipios, de los fondos de Aportaciones Múltiples y de Infraestructura Social.
El nuevo régimen no está dispuesto a evaluar ni a evaluarse. Será juez y parte en la Comisión de Mejora Continua de la Educación que sustituye al organismo constitucional autónomo que desapareció.
Mal comienzo para el mal llamado Acuerdo Educativo Nacional. Solo Morena y sus aliados del PT, PES y PVEM en San Lázaro apostaron por este retroceso y al exterior, un solo sindicato dictó las nuevas leyes. Hoy más que nunca las organizaciones sindicales serán fundamentales para defender los derechos laborales del magisterio que no se garantizan en estas leyes. Pero a la niñez y a la juventud, ¿quién las defiende?
Diputada federal mexiquense.
@AnaLiliaHerrera
