A falta de razones para convencer, son los mejores para imponer: hoy es el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), pero desde el inicio del sexenio, Morena y su gobierno están al acecho de uno de los sectores más críticos y participativos de la sociedad: la comunidad científica y académica del país.
El intento fallido de quitar la autonomía universitaria en la Constitución, no es un tema menor: la autonomía blinda a nuestras instituciones públicas de educación superior del poder público y del privado, para garantizar la libertad de cátedra y para que el conocimiento sirva a la sociedad, nunca a los poderosos.
Tampoco es casual la asfixia presupuestal que, por cuarto año consecutivo, los morenistas y sus aliados aplican a las universidades públicas: ni un solo peso de aumento en este sexenio, con matrículas crecientes y la justa exigencia de la juventud, de hacer valer la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior que ofrecieron y que pretenden resolver a costa de su precarización.
Y ahora, en lo oscurito y al margen de la ley, porque las autoridades del Conacyt no han podido demostrar lo contrario, se pretende imponer un nuevo director general para el periodo 2021-2026 sin un acta en la que conste el aval del Consejo Directivo, ni un video que ratifique la existencia de sesión alguna.
La siguiente pretensión es realizar una sesión extraordinaria de la Asamblea General de Asociados, para eliminar diversas facultades a los órganos del CIDE, en lo que diversos miembros de la comunidad académica han denunciado como un atentado contra la libertad académica que busca “concentrar el poder y debilitar a la comunidad”, para que una sola persona pueda controlar y “hacer purga” en un centro público de investigación, y como ejemplo de la discrecionalidad con que quieren conducir la política de ciencia y tecnología en el país.
Por tal motivo, esta semana presenté un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que la titular del Conacyt garantice el diálogo con las y los estudiantes del CIDE, a fin de atender su justa demanda de transparencia respecto de la designación del Director General, además de exhortar a la Asamblea General de Asociados del CIDE, para abstenerse de llevar a cabo cualquier discusión o votación de reformas a su Estatuto General, antes de llevarse a cabo el diálogo solicitado.
Hoy, defender al CIDE del secuestro que pretende el nuevo régimen, debe comprometernos a toda la sociedad, porque en esta defensa se juega el derecho a la libertad, al disenso con respeto y siempre en el marco de la ley, a la crítica que construye en una institución de excelencia académica, que no de sumisión ni de aplaudidores, porque trabaja por un país y un gobierno mejores, incluido el actual.
La cerrazón gubernamental solo alienta la desconfianza en un gobierno que no puede acreditar logros ni compromisos cumplidos, pero sí una voracidad alarmante por concentrar poder y recursos. Sumarnos como sociedad a la voz de estudiantes, docentes e investigadores es sumarnos a exigir de las autoridades transparencia, legalidad y diálogo. Nada más, pero nada menos.
Diputada federal reelecta por el Distrito 27 del Estado de México.
@AnaLiliaHerrera
