A la mitad del viaje, el conductor mantiene la mirada en el retrovisor y al vehículo atascado en los pretextos y la repartición de culpas; no cede, ni se concede la oportunidad de corregir, al contrario, insiste en gastar el escaso combustible para mantenerse en campaña, así que a los mexicanos nos costará más de 500 millones de pesos la Consulta Popular que promueve para preguntarnos si debe o no hacer valer la ley.

Gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación —la última instancia para detener este costoso e inútil acto de propaganda política— declaró constitucional la “consulta popular” que se realizará este primero de agosto, estamos inmersos de nueva cuenta en la discusión, cuando deberíamos concentrarnos en la solución.

Apenas el 6 de junio los mexicanos vencimos la apatía, el abstencionismo y hasta el miedo que las amenazas de quitar programas sociales quisieron infundir, para votar de forma libre y poner freno a los retrocesos y al autoritarismo en el Congreso, y ahora nos ponen en la disyuntiva de reflexionar sobre la pertinencia de inmiscuirnos en este nuevo “atascón” que no tiene pruebas del pasado, pero tampoco dudas: a falta de resultados, distraer y exaltar los ánimos es lo mejor.

La pregunta que se perdió en la Corte y por ende el respeto a la ley y a las instituciones, no importan. Desde Palacio Nacional y con recursos públicos, se abre paso a la distorsión y a la manipulación que disfraza de justicia lo que a todas luces es una farsa para tratar de esconder la precarización o desaparición de servicios tan básicos como los de salud, educación o alimentación.

Es momento de cerrar el paso a la polarización y decir basta. Basta de dividir y de engañar, cuando lo que prevalece entre las familias mexicanas es dolor e incertidumbre, pero sobre todo la aspiración y el derecho de salir adelante, de no conformarse con transferencias monetarias que ni alcanzan para cubrir las necesidades básicas de una familia, ni sustituyen la satisfacción y el desarrollo personal y social que proporciona un trabajo digno y bien remunerado.

Ignoremos la mal llamada consulta popular y concentrémonos en lo que importa, a dos meses de iniciar la próxima legislatura en la Cámara de Diputados, donde la Coalición Va por México podrá impedir reformas sin sentido a la Constitución, pero deberá convencer con argumentos y propuestas en la discusión del paquete económico para 2022.

Urge analizar cómo compensaremos tantas pérdidas, porque no todo ha sido responsabilidad de la pandemia y definir si se quita el 13 por ciento de los recursos a las obras faraónicas de la actual administración federal, a fin de destinar unos 10 mil millones de pesos a la recuperación económica, incentivar el empleo y apoyar a más de un millón de MiPymes que cerraron durante la pandemia.

Las y los diputados no contamos con indicadores para medir la felicidad como le gustaría a un gobierno autoritario, pero sí la pobreza, una batalla en la que retrocedimos dos décadas en lo que va de la actual administración, según datos de la Cepal.

Es imposible esconder un presente que empeora con el transcurrir de un sexenio que se estacionó en las campañas políticas y se niega a mirar por el parabrisas para enfrentar su responsabilidad.

Es momento de emprender la marcha sumando a todas las voces y atender la advertencia que lanzó la senadora Beatriz Paredes, a propósito de la autorización de la SCJN a la consulta popular que viene: “Con un presidencialismo exacerbado, con una estrategia de democracia plebiscitaria, con un Poder Legislativo subsumido por la actuación vertical de mayorías —que aunque legítimas electoralmente, en un régimen democrático deben conciliar con las minorías— y con una Corte debilitada, en este país estamos tocando fondo”.

 

Diputada federal electa por el Distrito 27 del Estado de México.
@AnaLiliaHerrera.

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