Con una capacidad destructiva directamente proporcional a su incapacidad para edificar soluciones, el gobierno federal arranca su cuarto año con la estrategia perfecta para acentuar la desigualdad y frenar el crecimiento económico: la concentración de poder, la violencia en todas sus formas y “políticas” de protección social deficientes.

Esta tercia de factores fue analizada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el estudio “Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe”, donde exhorta a los países de la región a implementar “sistemas universales de protección social que sean redistributivos, fiscalmente sostenibles y más favorables al crecimiento”.

La región —abunda el documento— no debe esperar que las transferencias focalizadas por sí solas reduzcan la pobreza. Una reflexión que hace todo el sentido en una sociedad como la mexicana, donde el mercado laboral se caracteriza por altos niveles de informalidad y donde uno de cada tres hogares está jefaturado por una mujer.
Destinar recursos públicos para la educación y el cuidado de la niñez y la adolescencia, no es un gasto, es invertir en una mejor ciudadanía y prevenir antes que lamentar y pagar por las consecuencias.

Esta semana en la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, discutiremos un exhorto propuesto por la diputada Mariana Gómez del Campo, para que regresen las Estancias Infantiles.

Creado en 2007, el programa de “Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”  beneficiaba a madres, padres solos, tutores o principales cuidadoras(es) que trabajan, buscan empleo o estudian y cuyo ingreso per cápita por hogar no rebasa la Línea de Bienestar; obviamente, accedían al programa quienes carecían de acceso al servicio de cuidado infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios.

La evaluación del Coneval sobre el periodo 2007-2019, da cuenta que se promovía la participación en el mercado laboral de mujeres de escasos recursos con hijos pequeños, especialmente las que no trabajaban antes de entrar al programa, al tiempo que se incrementó 18 por ciento la probabilidad de dichas mujeres, de incorporarse a un empleo, acompañado de un incremento de seis horas de trabajo a la semana, aunado a que se identificaron mejoras en la socialización de los infantes y diversidad de su dieta, así como en el puntaje de la escala de comunicación.

Sin embargo, en 2019, el gobierno federal anunció la desaparición del programa que se convirtió en un programa de transferencias monetarias directas, a cargo de la Secretaría de Bienestar, que entrega apoyos económicos directos por un monto bimestral de 1,600.00 pesos por cada niña o niño y, si los hijos presentan alguna discapacidad, un monto bimestral de 3,600.00 pesos por cada niña o niño.

Tres años después, el programa carece de mecanismos, metodología, indicadores o metas y no produce ni siquiera información para evaluar su contribución en el cumplimiento de los objetivos, de acuerdo con lo observado por la Auditoría Superior de la Federación.

El discurso del gobierno federal repite que todo está bien y quizá se frota las manos pensando en la próxima elección, pero no piensa en la próxima generación: niñas, niños y adolescentes que crecen con madres y padres ausentes, expuestos a la violencia y los abusos en sus casas o en la calle, mientras otras y otros jefes de familia se ven obligados a trabajos mal remunerados, a fin de descuidar lo menos posible el cuidado de los menores.

Como nos dijo esta semana en la Cámara de Diputados Ignacio Socías, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la International Federation for Family Development: “los subsidios son pan para hoy, pero hambre para mañana”.  

 

Diputada federal reelecta por el Distrito 27 del Estado de México.
@AnaLiliaHerrera
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