En nuestro país no se reforma el sistema electoral cuando es deficiente sino cuando el gobierno en turno ya no quiere que funcione igual. Esa es la costumbre no escrita. Y en estas últimas semanas volvió a activarse. La presidentA Sheinbaum, quien ha estado tratando de perfeccionar una propuesta en los últimos días y cuya presentación formal se ha postergado, presumiblemente para ganar tiempo y operar políticamente con sus aliados, dio a conocer esta semana su iniciativa electoral con una frase que no fue jurídica ni académica, sino política en estado puro: “Quien la quiera apoyar, bien. Quien quiera mantener el privilegio de las listas, pues también. La gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido político”.
Idealmente, nadie querrá aparecer como defensor de privilegios, y menos cuando se habla de dinero público y de listas plurinominales, que durante años han sido sinónimo de acomodo, fuero y permanencia.
La propuesta tiene elementos que, leídos en voz alta, suenan casi irrebatibles. Recortar 25% el financiamiento público a partidos y autoridades electorales; eliminar a los 32 senadores plurinominales; obligar a que los 200 diputados de representación proporcional hagan campaña; bancarizar cada peso de las campañas para cerrar el paso al dinero ilícito.
Todo eso cabe en una sola narrativa: Democracia más barata y cercana al pueblo. ¿Quién podría oponerse?
Los famosos pluris, tan desprestigiados en la conversación cotidiana, no surgieron para premiar lealtades, sino para evitar mayorías aplastantes. Fueron el antídoto contra un sistema donde el partido dominante se llevaba todo y las minorías apenas podían subsistir. Gracias a ese mecanismo, fuerzas políticas que no ganaban distritos pudieron tener voz. Entre ellas, en su momento, el propio movimiento que hoy está en el poder.
Ahora las listas son un privilegio. Y sí, han sido usadas como refugio de dirigentes eternos, de lealtades premiadas y de quienes nunca han salido a pedir el voto.
Eliminar a los senadores pluris reduce costos y simplifica el discurso, pero también reduce la posibilidad de que fuerzas minoritarias tengan presencia en la Cámara Alta.
Modificar la forma de elegir a los diputados de representación proporcional puede obligar a salir a campaña, sí, pero también puede favorecer a quienes ya tienen estructura territorial, visibilidad y más importante aún, el dinero para hacerlo.
Recortar 25% suena popular en un país que desconfía profundamente de los partidos. Pero el financiamiento público no fue un capricho; fue un intento por evitar que el dinero privado, el que suele pasar por debajo de la mesa, se agandalle las campañas.
La iniciativa promete que cada peso será bancarizado, que el INE tendrá más herramientas y que se acabará la duplicidad entre autoridades federales y locales. Suena razonable. Pero la historia reciente nos ha enseñado que no basta con cambiar la norma, sino quién la aplica y con qué criterio.
La oposición, que naturalmente cuestiona, no es relevante o sustantiva.
Lo interesante es la incomodidad de los aliados. El PT y el Verde han construido buena parte de su supervivencia sobre el mecanismo que ahora se pone en duda.
Ante la debilidad del PRI, PAN y MC como contrapeso efectivo, la verdadera oposición comienza a formarse desde adentro. Como en el fútbol: cuando no hay rivalidad en la cancha, las diferencias ocurren en el vestidor.
Importará si las nuevas reglas fortalecen la pluralidad o la estrechan, si abren una competencia real o si solo la concentran, si equilibran o inclinan.
Por lo pronto, habrá que ver en los próximos días la propuesta formal, y si el oficialismo logra alinear a sus aliados… o si apuestan por repetir la fórmula que vimos en la reforma judicial. Con senadores ausentes o legisladores que cambiaron de color de corbata a la hora de votar. ¿Remember los Yunes?
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