Cada seis años, la política mexicana se reinventa en papel.
Las reglas cambian, las estructuras se ajustan y el tablero se acomoda. No siempre es explícito.
A veces basta con una reforma discreta, otras con un rediseño total.
Lo que está en curso ahora es una jugada mayor.
No es una reforma de detalle ni una corrección de estilo. Es una reconfiguración de fondo, con opciones múltiples para una sola decisión final: la de la presidentA.
Los borradores ya circulan. La propuesta definitiva aún no. Pero el contenido ya está sobre la mesa. Desde el número de diputados hasta la forma de elegirlos. Desde el dinero a los partidos hasta los requisitos para formar uno nuevo. Desde la organización del árbitro electoral hasta el tamaño de su plantilla, la duración de campañas, las fechas de elección, la desaparición de los tribunales y los mecanismos de fiscalización. Todo puede cambiar.
Las opciones que se analizan no son menores.
Una plantea dejar el Congreso en 400 diputados, con 300 electos por mayoría y 100 por representación proporcional. Otra elimina los 200 “pluris” por completo. Una tercera revive el viejo plan obradorista de listas cerradas por circunscripción, donde se elegiría en bloque a quienes encabecen los listados, favoreciendo a partidos con presencia territorial amplia. En cada caso, el cálculo es técnico y político. Cambiar la geografía electoral, por ejemplo, no sólo responde a criterios demográficos: sino puede inclinar la balanza en estados importantísimos, en este caso, para Morena.
El financiamiento público también es un gran tema. Se habla de recortes, de nuevas fórmulas de asignación, de límites más estrictos y de mayor supervisión. Una de las ideas que se exploran es que el INE, a través de una comisión administrativa, sea quien asigne el dinero directamente a los partidos.
También, bancarizar todas las operaciones.
Aunque la bandera sea la austeridad, los efectos colaterales serían una reducción del margen operativo de las dirigencias partidistas.
Y se va más allá. Se evalúa achicar al INE, redimensionar su burocracia, reducir su presencia permanente. También modificar el sistema de nombramiento de consejeros, tanto a nivel federal como estatal, e incluso elegirlos por voto popular.
Una posibilidad latente es la renovación completa del Consejo General, con nombres nuevos, reglas nuevas y perfiles más alineados con el nuevo ciclo político.
En paralelo, se vuelve a discutir el destino de los OPLES. Menos presupuesto, menos atribuciones, más control desde el centro. Los tribunales locales también están en revisión. El argumento es operativo: muchas de sus decisiones son corregidas por instancias superiores, por lo que la solución más lógica sería eliminarlos.
También se estudia modificar la duración de las campañas, ajustar los calendarios, empatar elecciones judiciales con las legislativas y ejecutivas, redefinir la revocación de mandato y sus tiempos.
La idea de una jornada electoral única, donde se vote por jueces, diputados, senadores, gobernadores y alcaldes, sigue viva. Con menos casillas, menos días, menos gastos. Todo en una sola jornada.
Escucharemos mucho la palabra “eficiencia” cuando salgan a exponer y defender su reforma.
La presidentA aclaró que no se trata de desmantelar al INE ni de ponerle una bandera partidista. Dijo que las elecciones en México son “de las más caras del mundo” y que eso, simplemente, no tiene sentido. Lo que busca, según explicó, es reducir los costos sin afectar la operación del instituto.
También dejó un matiz importante sobre los famosos plurinominales. No van a desaparecer, pero sí se les quiere dar una vuelta: “si existen, que se elijan de una manera distinta, que no sean estas listas de las cúpulas de los partidos que, en realidad, nunca van a buscar el voto con la gente”.
Y aunque las críticas crecen, desde sus propios aliados, desde la oposición, desde la Academia, exconsejeros y exmagistrados, lo cierto es que los números si les alcanzan, si apapachan a sus rémoras. La Corte ya no es un freno.
Lo que se proponga en estos días, se legislará en febrero. Lo que se legisle en febrero, regirá en 2027.
No sólo será un cambio de reglas. Podría también cambiar de árbitro. Y si el árbitro también juega, ¿quién marca el fuera de lugar?