El informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU llegó a decir lo que en México se sabe desde hace años. El reporte no vino de colectivos, ni de madres buscadoras, ni de organizaciones civiles. Vino de afuera y con un lenguaje incómodo para cualquier gobierno, el de la responsabilidad del Estado frente a un fenómeno que lastima a muchos.
No fue un hallazgo ni un descubrimiento reciente. Es un llamado de atención internacional a una crisis que lleva demasiado tiempo existiendo. Pero, hoy, le toca maniobrar a la presidentA.
La reacción del gobierno mexicano fue inmediata y predecible.
A través de la CNDH se descalificó el informe como “acomodaticio”, “sesgado” y basado en “sin entendimiento de nuestra realidad”, echándole la culpa al gobierno de Calderón a 20 años de su administración. Solo faltó en su posicionamiento preguntar: “¿por qué no se habla de García Luna?”. Pero la pregunta es otra: ¿a quién le cree, a la ONU o a Rosario Piedra Ibarra?
Desde el gobierno se aseguró que el Comité “se extralimitó” en sus funciones. La propia presidentA dijo que “No está rebasado el Estado”.
La defensa institucional es parte del juego. Lo que no lo es, o no debería serlo, es que en esa defensa se diluya a quienes llevan años enfrentando la desaparición en carne propia. Porque mientras se protege la posición del Estado, se termina golpeando, otra vez, a víctimas y familiares.
Mientras se debate si el diagnóstico es correcto o exagerado, hay algo que no cambia. Las búsquedas siguen y las familias siguen haciendo lo que el Estado no alcanza o no puede resolver. De un lado, una discusión técnica, jurídica, diplomática. Del otro, una realidad que no necesita interpretación. Quienes viven la desaparición forzada no necesitan de un informe que confirme lo que ya sufren, pero tampoco un gobierno que minimice o relativice sus circunstancias.
El Comité concluye que “existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad”, y que estos hechos ocurren mediante “ataques generalizados o sistemáticos”. También señala la existencia de “patrones” en los que han participado autoridades o han actuado con su “autorización, apoyo o aquiescencia”. Por ello, decidió “llevar la situación en México, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas”. Y eso encendió las alarmas.
Se pudo haber respondido distinto. No implicaba aceptar cada punto del informe ni asumirlo como verdad absoluta. Bastaba con reconocer que el problema existe y persiste, que no está resuelto y que requiere algo más que una respuesta institucional. Había margen para una reacción que partiera del reconocimiento, no de la descalificación.
Pero se optó, por lo contrario. Defender la narrativa de la Transformación antes que enfrentar un señalamiento. Discutir la forma antes que el fondo.
La desaparición forzada no es un problema de lenguaje ni de interpretación. Es la privación de la libertad de una persona, seguida de la negativa del Estado a reconocerlo o de ocultar su paradero. No es lo mismo que un secuestro, no es lo mismo que una ausencia voluntaria. Es una desaparición en la que hay responsabilidad, directa o indirecta, de autoridades, y donde el vacío no es solo físico, sino institucional.
Y, tristemente, seguimos con esta persistente posición obradorista, donde se piensa que desacreditar un señalamiento reduce el tamaño del problema, sin importar a quiénes pueda lastimar. Qué si el informe es exagerado, entonces la realidad también lo es. Ya no puede funcionar así. La ausencia sigue ahí, y mientras lo sea, el problema no es de quién tuvo la culpa.
El problema es de quien, en ese momento, es la cabeza del Estado mexicano.
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