El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. —Art. 35 de la Constitución
Apenas comenzaba Adán Augusto López a construirse la imagen de un secretario de Gobernación prudente, conciliador y eficaz, capaz de desfacer los entuertos que muchas veces siembra el presidente, cuando echó todo por la borda. Despojándose de su condición de servidor público y responsable de la política interna, el pasado fin de semana en Hermosillo y Torreón, hizo a un lado la ley para mostrarse matraquero y bravucón.
Si algo exhibe todo este ejercicio de revocación de mandato, es la transformación de un instrumento democrático en una consulta inútil y costosa. El manejo obsceno de este gobierno, empezando por el propio presidente y siguiendo con su secretario de Gobernación, muestra la desfachatez con las que acentúan el golpeteo al Instituto Nacional Electoral (INE) y atropellan la Constitución y las leyes, incurriendo en delitos electorales.
Las leyes pueden ser corregibles, pero en este caso son las que ellos mismos se dieron y mientras estén vigentes deben ser obedecidas. Sin embargo, carreteras y centros urbanos exhiben carteles con la imagen de López Obrador llamando a acudir a las urnas el 10 de abril para ratificar al presidente de los pobres.
Los gobernadores morenistas, siguiendo los dictados de Palacio Nacional, se meten a la mala y nadie sabe de dónde salieron los recursos multimillonarios con los que se financia esa fastidiosa e ilegal propaganda que violenta lo que establece el Artículo 35 de la Constitución: “El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos.”
Pero lo del fin de semana pasado es inaudito: un secretario de Gobernación que dispone de un avión de la Guardia Nacional, para acudir a actos partidistas acompañado del comandante de la Guardia, el general Luis Rodríguez Bucio, y del encargado de Morena, Mario Delgado. El mensaje inequívoco es insolente y provocador: “Sí, ¿y qué?”
El desacato a la ley, la obediencia ciega que lleva a legisladores a aprobar las iniciativas presidenciales sin quitarles ni una coma y que convierte a algunos jueces, magistrados e, incluso, ministros de la Suprema Corte en mandaderos de lo que ordena el presidente, está desfigurando una condición indispensable de la democracia: la separación de poderes.
Lo peor de todo es que estos arrebatos de la clase política morenista y la iniciativa que anuncia el presidente para desnaturalizar al INE y convertirlo en un aparato a su servicio, anticipan lo que vendrá en las elecciones presidenciales de 2024: el uso de todos los recursos y de todas las trampas para imponerse. Lo que vienen son días de confusión y agobio.
@alfonsozarate
