No bien se dio a conocer el resultado de la elección presidencial de 1994, el propio Ernesto Zedillo reconoció que aunque la elección había sido legal no había constituido un piso parejo para todos los contendientes. Las oposiciones tenían que batallar contra un aparato de Estado que no estaba dispuesto a ceder graciosamente el poder: además de todos los recursos públicos asignados a las campañas, la mayoría de los medios de comunicación militaba a favor del candidato oficial (en aquellos días, Emilio Azcárraga Milmo alardeaba que Televisa era una empresa priista y él era un “soldado del Presidente”).
Con el nacimiento del IFE, poco a poco empezaron a desaparecer los artilugios que por años formaron parte de la picaresca política: el ratón loco, las urnas embarazadas, la operación tamal... La participación ciudadana, el padrón electoral, la lista nominal y la credencial con fotografía dotaron de credibilidad y legitimidad a los procesos electorales. Sin embargo, en los años recientes empezó a asomar un actor indeseable: el crimen organizado.
En un primer momento, los jefes de plaza o los capos no se interesaban por los procesos electorales, podían esperar los resultados y entonces sí “arreglarse” con el alcalde, el gobernador electo o el nuevo delegado federal (de la PGR, la Secretaría de la Defensa o cualquier otra dependencia); por medio de sobornos compraban posiciones clave (la Secretaría de Seguridad Pública, la de Finanzas, la de Obras...).
Después escalaron un peldaño: ya no se trataba de negociar, sino de imponer. A través de la intimidación “persuadían” a las autoridades de hacerse de la vista gorda mientras operaban. El control territorial les permitió diversificar sus actividades para incluir la extorsión, el secuestro, la trata de personas y el tráfico humano, empezó la pesadilla para las comunidades. Pero seguían sin meterse en las campañas.
El siguiente escalón fue más dramático: imponer a los candidatos, lo que implicó en unos casos “bajar” a un aspirante indeseable (uno que se negara a pactar con ellos) o, de plano, forzar a que el partido más fuerte postulara a uno de los suyos.
¿Qué siguió? La intervención grosera el mismo día de la jornada. Lo que documentó magistralmente Héctor de Mauleón sobre las elecciones intermedias de 2021: el secuestro de operadores políticos, el robo de urnas, candidatos asesinados en Chiapas, Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato y Guerrero... “México tuvo el 6 de junio del 2021 unas elecciones intervenidas, como nunca antes, por el crimen organizado”, escribió.
Este martes, EL UNIVERSAL realizó un foro en el que el magistrado Felipe de la Mata advirtió que, de no hacer nada, en 10 o 20 años podría ocurrir que alguien del tamaño de un gran capo se convirtiera en Presidente de la República. La alerta de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la poderosa influencia del crimen organizado en las elecciones, hace imperativo que el gobierno de la República diseñe y ponga en marcha una operación que impida que el crimen siga imponiendo su ley —y su voto— en más territorios, lo que le daría el soporte para muy pronto ir por todo.