En gran parte de nuestro territorio existen grupos criminales que extorsionan, secuestran y desaparecen personas y lo hacen muchas veces con la complicidad o aquiescencia de autoridades municipales, estatales y federales. La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas define la desaparición forzada como la privación de libertad o secuestro cometido por agentes del Estado, o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.
El Comité para la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU ha reconocido avances en México, como la instalación de la Comisión Nacional de Búsqueda, la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, la existencia de fiscalías o unidades de investigación en todos los estados y la aprobación de un protocolo homologado de investigación, pero también ha observado que, no obstante, se mantiene una situación generalizada de desapariciones con “una impunidad casi absoluta”, aterradora.
El Comité urge al Estado mexicano a adoptar una política nacional efectiva de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas; para eliminar las causas estructurales de la impunidad, recomienda abandonar la militarización de la seguridad pública; visibilizar, informar y sensibilizar sobre las desapariciones en México e implementar el marco normativo jurisprudencial e institucional en todo el país.
El informe del Comité destaca las 28,880 desapariciones reportadas del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025; la presencia de fosas clandestinas; la sistemática privación de libertad en el contexto de disputa por el control territorial entre los cárteles y la presunta participación o aquiescencia de servidores públicos.
Este brutal fenómeno viene de atrás, es cierto, pero ha crecido en los gobiernos de la 4T. En los años 60 y 70 del siglo pasado, en el contexto de la lucha contra la subversión, distintas instancias del gobierno federal, entre ellas la Brigada Blanca, se convirtió en un “aparato de terrorismo de Estado” (Jorge Carrillo Olea dixit).
Pero el hecho de que hoy no haya una decisión del gobierno federal de desaparecer a sus enemigos, no oculta la complicidad que se da en distintos órdenes de gobierno y menos aún las evidencias de la colusión de corporaciones policiales con los criminales.
El Comité se propone poner a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con carácter urgente, la necesidad de brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las alegaciones, de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado; y establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como las organizaciones y defensores que las apoyan.
En vez de rechazarla con engañifas, el gobierno de México debió expresar su reconocimiento al Comité; la cooperación debe ser bienvenida.
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