Desde muy temprano, Andrés Manuel López Obrador entendió que en un país de frágiles instituciones democráticas, una estrategia de fuerza no encontraría resistencia. Entre sus primeras experiencias estuvieron los bloqueos a los pozos petroleros en Tabasco, pero una prueba mayor fue su decisión de competir por la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal sin reunir los requisitos establecidos por el Estatuto de Gobierno (residencia efectiva). La reacción pusilánime de la autoridad (el miedo a los desórdenes callejeros con que amenazaba) la llevó a autorizar esa candidatura ilegal.
Nunca se investigaron las revelaciones que exhibieron a su secretario de finanzas Gustavo Ponce, adicto a las apuestas en los casinos de Las Vegas; tampoco las que mostraron a quien fuera su secretario particular, René Bejarano y a Carlos Ímaz, entonces esposo de Claudia Sheinbaum, recibiendo fajos de dinero de Carlos Ahumada; menos las videograbaciones de sus hermanos Pío y Martín recogiendo las “contribuciones para la causa” que a través de David León le enviaba Manuel Velasco Coello; tampoco se indagó el origen de los recursos con los que financió su movimiento y que hoy sabemos, incluyeron aportaciones negras del crimen organizado.
Una vez sentado en La Silla del Águila, Andrés Manuel puso en marcha un proceso que llevó a colonizar o desaparecer a todos los organismos o instituciones que pudieran constituir un límite a su ejercicio arbitrario del poder.
Pero no habría podido hacer todo esto sin un sólido respaldo popular. Los apoyos sociales y los incrementos salariales obnubilaron a los de abajo (“con los pobres no hay pierde”, llegó a decir).
López Obrador puso al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a una inoperante y servil Rosario Piedra Ibarra y utilizó los instrumentos del aparato gubernamental para arrinconar a la Suprema Corte de Justicia. Las evidencias del enriquecimiento repentino de muchos miembros de la clase gobernante —incluidos los hijos del expresidente—, fueron ignoradas por la Fiscalía General, la consigna es clara: proteger a los suyos.
Le entregó poder y negocios a las fuerzas armadas y utilizó el argumento de la seguridad nacional para ocultar las torceduras que portaban sus proyectos prioritarios; desapareció al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Se apropió del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación gracias al entreguismo de consejeros y magistrados.
La reforma judicial ha convertido a muchos tinterillos en juzgadores, hoy las sesiones del pleno en la Corte exhiben la ignorancia y la estulticia de sus integrantes.
Y ahora, en reemplazo de David Colmenares llega como auditor superior de la Federación el hijo de uno de los hombres más cercanos a la Presidenta. Fernando Aureliano Hernández-Palacios fue secretario particular de Sheinbaum en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, antes director general jurídico y su reemplazo al frente de la alcaldía Tlalpan.
Si se quiere conocer cuál es el método “democrático” para instaurar una autocracia, el México de la Cuarta Transformación es un ejemplo notable.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario. @alfonsozarate
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