En este país de impunidades, donde las bandas del crimen organizado imponen su ley a sangre y fuego mientras el gobierno federal les responde con la severidad de la consigna “abrazos, no balazos”, hay actividades delictivas que no requieren usar las temibles AK 47, porque se escudan tras proclamas justicieras.
La convicción de los profesores que se autonombran “democráticos” de que luchando en las calles también enseñan y hacen patria, ha dejado, entre otros saldos, lastimosos niveles educativos en los estados más pobres. Una educación pública de calidad es la mejor garantía para el ascenso social, sin embargo, el dogmatismo de los cuadros de la CNTE está en la esencia de la profunda crisis que sufre la educación en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.
Hay un refrán que dice “no busco quien me la hizo, sino quien me la pague”, esa consigna parece inspirar a esa facción que tras la bandera de una “lucha social” ha convertido en rehenes al sector productivo y, más grave aún, a niños y jóvenes.
No sé si el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán no le ha pagado puntualmente a los trabajadores de la educación, pero nada justifica que la manera de exigir los pagos sea imponiendo bloqueos a las vías de ferrocarril (14 en lo que va del año; 200 días de bloqueos en todo el país solo el año pasado), paralizando el tránsito de mercancías que salen del puerto Lázaro Cárdenas hacia el centro del país y ocasionando daños multimillonarios a múltiples industrias ante la complacencia de las autoridades federales: las secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Seguridad Ciudadana y Economía.
El presidente de Kansas City Southern de México (KCSM), Óscar Augusto del Cueto, ha denunciado el precario Estado de derecho que permite que se violen impunemente la Constitución y las leyes. Pero su voz solitaria se pierde en el desierto, mientras los líderes de los principales organismos empresariales guardan silencio. Es imperativo que los empresarios medianos y pequeños entiendan que la política es demasiado importante para dejarla en manos de quienes, en buena parte, son meros traficantes de influencias, simuladores que utilizan los cargos de representación para provecho propio y de sus mandantes (los “dueños de México”).
Lo que ocurre en Michoacán solo es un ejemplo de las condiciones adversas en las que se inscribe la inversión en México. No es suficiente con enfrentar cotidianamente el acoso de los delincuentes, las extorsiones de autoridades de todos los niveles y la maraña de trámites que parece diseñada para alentar la corrupción.
Óscar del Cueto ha anunciado que KCSM no invertirá en proyectos nuevos en Michoacán porque “no hay condiciones ni garantías para una operación normal”. Lo grave es que el miedo a invertir —única forma de atender seriamente el problema de la pobreza— empieza a ser una constante en el país porque, en efecto, “no hay condiciones ni garantías para una operación normal.” Una decisión entendible porque esa “normalidad” incluye la licencia de la que gozan ciertos grupos de autollamados “luchadores sociales” para delinquir sin consecuencias.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate