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29/01/2020
03:30
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En una colaboración previa intitulada Un crimen que México no debe olvidar (bit.ly/2Gx1hua) opinamos sobre el homicidio que cometió un adolescente de 15 años, que en un colegio de Monterrey disparó contra su maestra y tres compañeros de clase, acto seguido se suicidó. En ese entonces no imaginé que volvería a suceder un crimen de esa naturaleza en nuestro país, por eso lo analicé desde el supuesto en que el joven infractor fuera detenido antes de quitarse la vida y la respuesta, en su caso, que hubiera tenido el sistema penal para adolescentes. No obstante, formulé las siguientes preguntas: ¿Qué responsabilidad tienen los padres del menor en este crimen? ¿Existió información que hubiera permitido a los directores de esa escuela actuar para evitar este delito? ¿Fallaron los controles de seguridad de la escuela?

Tres años después son aplicables los mismos cuestionamientos. El pasado 10 de enero, en un colegio de Torreón, Coahuila, un niño de once años ingresó a su salón de clases con dos armas, calibre 22 y calibre 40. Después de disparar a su maestra, quien perdió la vida, el alumno disparó en contra de otro profesor y cinco compañeros de clase. Posteriormente, con su propia arma de fuego se quitó la vida.

En primera instancia las autoridades señalaron que el menor de edad había cometido la masacre en aras de imitar juegos de video con contenido violento, ya que el niño era asiduo a estos y tenía varias pistolas de juguete. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que el alumno mostraba señales de mal comportamiento y, sobre todo, que su entorno familiar era marcadamente disfuncional. Su padre había sido condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas, mientras que su madre había fallecido cuando el menor tenía cinco años. Esta circunstancia llevó a que el niño fuera criado por sus abuelos paternos.

En ese contexto, las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Coahuila concluyeron que las armas eran del abuelo y de alguna forma, por algún motivo, se dejaron al alcance del menor. Con lenguaje técnico de abogados, lo acusaron de homicidio en comisión por omisión.

Irresponsable sería dar una opinión jurídica sin conocer a detalle el expediente judicial, pero nos parece importante traducir, a quienes no son abogados, la hipótesis que pretende demostrar la Fiscalía en contra del abuelo. Le pretenden imputar el homicidio que cometió su nieto por el hecho de ser el propietario de las armas que utilizó, mismas que estaban en la casa al alcance del menor. En otras palabras, como el abuelo omitió guardar adecuadamente sus armas para que el niño no tuviera acceso a ellas, entonces hay que responsabilizarlo del homicidio que su nieto cometió sin su conocimiento.

Está claro que el autor material del homicidio fue el niño que disparó y causó la muerte. También es evidente que la ley permite sancionar a quienes ayudaron o contribuyeron en ese crimen, con conocimiento y acuerdo previo, por ejemplo, prestarle el arma a sabiendas que la utilizaría en la escuela para matar a profesores y alumnos. En esta hipótesis, el delito que comete el que ayuda es por acción, la cual consiste en proporcionar el instrumento con el cual el homicida actúa, por eso el que entrega el arma al homicida con la intención de ayudarlo a matar es un cómplice. Pero ese no es el caso que está presentando la Fiscalía; no lo están acusando como cómplice, por haber intervenido en el homicidio, lo están acusando de omisión.

La comisión por omisión significa que el abuelo omitió una conducta, y por haber dejado de hacer lo que la ley le ordenaba, dicha omisión es considerada tan grave que debe recibir un castigo equivalente como si él mismo hubiese ido a la escuela a disparar. Las preguntas serían ¿qué le ordenaba la ley al abuelo hacer en este caso? ¿Tenía conocimiento de lo que iba hacer su nieto ese día con las armas? ¿Qué obligación tenía el abuelo de proteger la vida de los profesores y los niños de esa escuela? ¿Los padres deben responder penalmente por los delitos que cometan sus hijos? Sin duda se trata de un debate tan polémico, como necesario. ¿Usted qué opina?

Académico de la UNAM

Alfonso Pérez Daza
Académico de la UNAM. Consejero de la Judicatura Federal 2014-2019.