¿Testigos protegidos o mentirosos a conveniencia?

Alfonso Pérez Daza

La posibilidad de que un delincuente pueda negociar con la autoridad encargada de procurar justicia existe legalmente desde el 7 de noviembre de 1996, fecha en que se publicó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. La estrategia está bien diseñada: se ofrece impunidad o reducción de la pena a quien colabore eficazmente con el agente del Ministerio Público de la Federación en la investigación y persecución de quien forme parte de la delincuencia organizada. Es evidente que el miembro que forma parte de ella, conoce quién la integra, cómo opera y, lo más importante, sabe dónde están las pruebas que podrían llevar a procesar penalmente a los que dirigen la organización criminal. Sin embargo, no cualquiera está dispuesto a traicionar a sus cómplices, pues se pone en riesgo la propia vida. Por eso la autoridad ofrece un programa de protección de testigos colaboradores mientras dura el proceso penal que se instruye contra aquellos que fueron detenidos gracias al testimonio y pruebas aportadas por el delincuente colaborador.

En la llamada “guerra contra el narcotráfico” durante el gobierno de Felipe Calderón, los medios de comunicación dieron cuenta de varios errores en la operación del programa de testigos protegidos. Un ejemplo fue el de Edgar Enrique Bayardo del Villar, quien fue ejecutado el 1 de diciembre de 2009 en una cafetería en la Colonia Del Valle a pesar de contar con escoltas. La entonces Procuraduría General de la República confirmó que la víctima fatal era testigo protegido.

A Bayardo del Villar se le conocía con el nombre clave “Tigre” y se le pagaban 50 mil pesos mensuales. Esta persona formó parte de la organización del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, mientras fungía como inspector de Operaciones de la Policía Federal Preventiva. Se sabe que con el Cártel de Sinaloa cobraba 25 mil dólares mensuales y que pidió a los jefes de dicha organización criminal pagar por sus ascensos dentro de la Policía Federal. El expolicía federal fue el principal testigo en el proceso que se le inició al entonces Comisionado Interino de la Policía Federal, Gerardo Garay Cadena, por delincuencia organizada y robo.

Los delincuentes que traicionan a su organización enfrentan otro problema: el abuso de la autoridad investigadora, que en algunas ocasiones puede utilizar el programa de testigos protegidos para involucrar indebidamente a personas inocentes por intereses políticos, económicos o personales. Quien controla al testigo protegido puede influir en el contenido de sus declaraciones. El caso de Javier Herrera Valles es un ejemplo de ello.

Este comandante de la Policía Federal Preventiva fue procesado penalmente con base en el dicho de testigos protegidos por haber acusado públicamente al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de mantener vínculos con el narcotráfico. Herrera Valles fue sentenciado a diez años de prisión supuestamente por haber colaborado con el Cártel de Sinaloa. El 6 de septiembre de 2012 fue absuelto de todos los cargos y actualmente sigue reclamando la reparación del daño que sufrió por haber sido encarcelado injustamente tres años y nueve meses.

El instrumento legal que permite negociar con el delincuente es eficaz para sancionar a los criminales en asuntos donde es complicado obtener la prueba. Ahora no solo es factible realizarlo en casos del crimen organizado, ya que se amplió a todos los delitos bajo la figura del criterio de oportunidad. Pero históricamente el problema en México radica en las autoridades responsables de operar esa herramienta jurídica.

Prueba de ello es el caso Odebrecht México, en donde se acusa a Emilio Lozoya de ser cómplice de actos de corrupción. El exdirector de Pemex recibió en principio un trato especial como testigo protegido, a cambio de declarar en contra de altos funcionarios de la anterior administración federal que pudieran haber participado en la comisión de diversos delitos. Todavía nos falta mucho por conocer sobre este escándalo; pero solo una investigación profesional podrá esclarecer si Lozoya es realmente un testigo protegido útil o un mentiroso a conveniencia.  

 

Académico de la UNAM.
TEMAS RELACIONADOS
Guardando favorito...

Comentarios