El pasado 20 de febrero, David Colmenares, Auditor Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados el Informe de Resultados de la Cuenta Pública correspondiente al año 2020. Sería imposible en este espacio hacer un análisis del trabajo o desempeño de las auditorías, pero basta destacar la importancia y trascendencia de la función de esta institución del Estado Mexicano, que fundamenta su autonomía técnica y de gestión en el artículo 79 de nuestra Constitución.
Cada año, los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) ejercen miles de millones de pesos de los recursos económicos que tienen a su disposición para el desempeño de sus funciones. Sin embargo, se trata de recursos públicos que corresponden al pago de las contribuciones que realizamos quienes vivimos, trabajamos y generamos riqueza en México, de ahí que tengamos derecho a que ese dinero se administre en términos de lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Desafortunadamente, no todos nuestros gobernantes dan cumplimiento a la Constitución.
La Cámara de Diputados tiene la facultad de revisar la Cuenta Pública con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto aprobado y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Pero los legisladores no tienen capacidad técnica para realizar esa evaluación, sino que lo hacen a través de la Auditoría Superior de la Federación; instancia técnica que, año con año, detecta discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o, bien, advierte falta de justificación en los gastos realizados. En este contexto, la Cuenta Pública 2020 no ha sido la excepción.
En el referido informe de resultados de la fiscalización de los recursos públicos, la ciudadanía se puede enterar de diversas acciones de la Auditoría Superior que se pueden dividir en preventivas y sancionatorias. Por lo que hace a la primera, cuando los gobiernos son auditados y se les observa de un posible daño o perjuicio al erario o al patrimonio de las instituciones, los funcionarios públicos pueden optar por devolver los montos observados a la Tesorería de la Federación, o al patrimonio de las instancias gubernamentales, como un mecanismo para solventar las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación. Esto se destaca en el informe como concepto de recuperaciones operadas.
En cambio, cuando no solventan las observaciones y no reintegran los recursos, la Auditoría reporta que realizó mil 483 promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Si bien se trata, en términos generales, de denuncias ante los órganos que se encargan de instrumentar los procedimientos contra los servidores públicos que tienen el derecho a la presunción de inocencia y de ejercer su derecho a la defensa, la muestra de la cantidad de irregularidades detectadas reafirman la importancia de la función de la Auditoria Superior de la Federación y la obligación de los ciudadanos no solo de conocer los resultados de su trabajo sino, sobre todo, de seguir apoyando la función y el fortalecimiento de ese órgano constitucional.
