Hace unos días se notificó al Estado mexicano la sentencia del caso Ascencio Rosario y otros vs. México, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que nuestro país es responsable internacionalmente por la violación sexual y graves lesiones perpetradas en el 2007 contra la señora Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años. Esto significa que las instituciones y autoridades de México fallaron en atender, proteger y reparar el daño que le causaron miembros del Ejército mexicano.
La Corte determinó en la sentencia que la violación sexual sufrida por la señora Ernestina causó severos sufrimientos físicos y mentales. Ella fue trasladada por sus familiares en busca de atención médica durante aproximadamente 10 horas, hasta ser recibida en el Hospital Regional de Río Blanco, Veracruz, donde falleció a las 6:30 hrs. del 26 de febrero de 2007, antes de que pudiera ser intervenida quirúrgicamente.
El tribunal determinó que el Estado violó su derecho a recibir una atención en salud accesible, disponible y de calidad. Asimismo, resaltó que el hospital no contaba con intérpretes del náhuatl que facilitaran la comunicación con el personal médico. En forma adicional, la Corte determinó que la investigación ministerial de los hechos no cumplió con el estándar de debida diligencia reforzada, exigible en casos de violencia sexual contra mujeres y que no fue conducida con un enfoque de interseccionalidad, por tratarse de una mujer indígena mayor en un contexto de militarización.
Esta tragedia retrata de cuerpo completo el sistema de justicia de nuestro país y es un caso más de quienes buscan justicia sin tener acceso a ella. La ineficacia e ineficiencia de las instituciones del Estado mexicano han sido denunciadas internacionalmente a través de esta sentencia que no solo describe puntualmente quiénes no cumplieron con sus responsabilidades, sino que destaca la indefensión absoluta de una mujer indígena a quien las autoridades no le creyeron que había sido violada por militares.
Teóricamente, esta sentencia contra México se enmarca en un sistema jurídico internacional de derechos humanos que va más allá de nuestro derecho nacional y que ha cuestionado fuertemente el concepto tradicional de soberanía. Sin embargo, en nuestro país han predominado voces que defienden un nacionalismo a ultranza y alegan que no habrá subordinación a ningún tribunal internacional. El problema radica en el cumplimiento de esa sentencia, ya que no existe un mecanismo coercitivo que obligue materialmente a México.
Prevalece el principio de no intervención, donde cada Estado es soberano y las autoridades constitucionalmente instituidas son las únicas que pueden ejercer poder dentro de su territorio. A propósito de ese principio, y en contraste, el presidente de Estados Unidos ha amenazado con acciones militares dentro de Venezuela, argumentando la restauración de la democracia en ese país y el combate al terrorismo.
Estos son los dos escenarios. Por una parte, la globalización de los derechos humanos, cuya base es un estado constitucional y democrático que impulsa un concepto de ciudadanía internacional que privilegie la protección de tales derechos y en la que se cumplan las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con la participación y voluntad políticas de las propias autoridades nacionales. Y la otra cara de la moneda: una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para derrocar a un dictador que viola sistemáticamente los derechos humanos.
En su artículo “The globalization of human rights”, Thomas Cushman concluyó que “el idealismo que siempre ha sido la base de los derechos humanos también debe ser moderado por la necesidad de comprender y repensar lo que significa actuar en el mundo en nombre del otro y cuáles son las limitaciones de tal acción frente a las sombrías realidades que aún caracterizan a gran parte del mundo”. Prevalecen muchas sombras en nuestro país, por ejemplo, el incumplimiento de la sentencia de 2023 que condenó también a México en el caso García Rodríguez y otros.
Académico de la UNAM.