Stephen Breyer, ministro de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América , se pregunta en su obra Cómo hacer funcionar nuestra democracia cuánta deferencia debe conceder la Corte a las políticas formuladas por una agencia del Poder Ejecutivo.
Actualmente una de las políticas públicas más importantes en México es la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de Covid-19. En el documento rector se expone que se consideraron las recomendaciones de un grupo técnico conformado por expertos en inmunología, vacunación, infectología, sociología, sistemas y economía de la salud. La estrategia está enfocada en reducir el número de muertes asociadas al Covid-19 y diseñada con base en la mortalidad observada en México, de acuerdo con la disponibilidad de vacunas.
Según el documento rector, esta política pública se fundamentó en estudios específicos de riesgos de salud, pobreza e inequidad con relación a la infección, además de los criterios de promoción del bienestar humano, respeto igualitario, equidad global, equidad nacional, reciprocidad y legitimidad.
La política establece que los niños son contemplados como el tercer eje de priorización de la vacunación, ya que ninguna de las vacunas actuales cuenta con autorización de uso en emergencia a nivel mundial para menores de edad. Por ello, un grupo considerado especialmente vulnerable, como la niñez que vive con cáncer, no puede ser considerado para la vacunación mientras no se tengan estudios y análisis específicos en menores de 16 años.
En contra de esta política, el Poder Judicial de la Federación está recibiendo diversas demandas de amparo que reclaman vacunas para los menores de edad. Es importante aclarar que el debate no es si un niño tiene derecho o no, como cualquier mexicano, a recibir una vacuna como medida para disminuir el impacto en la salud en caso de infectarse del virus . El problema radica en decidir cómo empezar a distribuir las vacunas a las que México va teniendo acceso en cantidades que son insuficientes para cubrir a toda la población.
Por eso el gobierno hizo un plan de priorización, donde nadie cuestionó la decisión de vacunar primero al personal sanitario que enfrenta al Covid-19. Sin embargo, ahora los jueces que conocen de esas demandas de amparo deben valorar si alteran ese plan de vacunación, que aún no termina, precisamente porque no hay vacunas suficientes. De acuerdo con la base de datos “ Our World in Data ”, de la Universidad de Oxford, más de 62 millones de mexicanos han recibido al menos una dosis de la vacuna , es decir el 48%, mientras que 42 millones tienen el esquema completo, o sea, el 32% de la población en México.
Hay contradicción en los criterios judiciales. Algunos conceden la suspensión ordenando al gobierno federal que aplique al menor la vacuna, mientras que otros jueces niegan la suspensión dentro del juicio de amparo. Me parece que los jueces deben ejercer el poder de modificar una política pública del Poder Ejecutivo solo cuando esté probado que las decisiones de la agencia administrativa sean arbitrarias, caprichosas o constituyan un abuso de poder.
Los jueces no deberían intervenir en establecer un criterio de priorización de vacunación en favor de menores de edad, por tratarse de una cuestión técnica que corresponde a los expertos y que puede modificarse en función de los datos científicos que se van recolectando en la campaña de vacunación , pues la autoridad sanitaria de nuestro país ha desarrollado una experiencia durante la pandemia a la que no tienen acceso los jueces de amparo. Stephen Breyer explica que los jueces no pueden buscar información más allá del expediente; deben responder a los argumentos de los abogados y no necesariamente tienen mucha experiencia política. Por eso en Estados Unidos de América los tribunales permiten a las agencias administrativas una amplia libertad de acción y ceden muchísimo cuando se revisa una política pública.
Esperemos que los Tribunales Colegiados que conocen de estos amparos en México pronto construyan un criterio obligatorio para que impere el orden y un solo plan de vacunación nacional.
