Iniciamos 2026. Un año que, sin lugar a dudas, despierta más preocupaciones que certezas, tanto a nivel nacional como internacional. Sobra señalar lo evidente: este año se inicia formalmente la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), instrumento cardinal para la buena marcha de nuestra economía y, por ende, de las finanzas públicas del país. A pesar de que el gobierno mexicano ha cumplido con lo acordado, amén de las exigencias impuestas por Estados Unidos en diversas agendas (agua, seguridad, aranceles, control migratorio, etc.), aún no hay claridad sobre el resultado de la negociación comercial. Más aún, es probable que la importancia de este asunto continúe sirviendo como moneda de cambio de Washington para influir en las decisiones del gobierno de México en la relación bilateral.
Pero más allá del frente externo, la presidenta Claudia Sheinbaum deberá asumir la ruta que desea imprimir en su segundo año de gobierno. ¿Reforzar el diálogo con otros agentes sociales y tender puentes con diversas fuerzas políticas o centralizar más la toma de decisiones, con los riesgos que ello implica? En el primer escenario, el movimiento que encabeza la presidenta puede dar muestras claras de sensibilidad y apertura a las voces no coincidentes para enriquecer sus propuestas legislativas y hacerlas no sólo más viables sino más efectivas en un país donde la pluralidad y la complejidad son una realidad. Esta posibilidad no es lejana; tanto en la reforma en materia de agua como en la decisión de eliminar impuestos a videojuegos “violentos”, el gobierno federal mostró flexibilidad para incorporar demandas y responder a preocupaciones legítimas. El resultado no debilita su capacidad de decisión; al contrario, fortalece la gobernabilidad democrática en nuestro país.
El segundo escenario posible, la hipercentralización de las decisiones, conlleva el riesgo de abrir frentes internos de conflicto y un temprano desgaste político en momentos donde la cohesión y la estabilidad social son clave para enfrentar otros desafíos, como la propia relación bilateral con Estados Unidos, la organización de la Copa del Mundo o el combate al crimen organizado. Si bien el partido en el poder cuenta formalmente con las mayorías suficientes para aprobar las reformas prioritarias para el gobierno, no se debe olvidar que cualquier modificación sustancial a nuestra legislación debe contar con el acompañamiento de, al menos, una parte representativa de otros actores políticos, sociales y económicos.
Estas dos posibilidades entrarán en juego en diversas agendas legislativas de este año, comenzando con la reforma político-electoral. Respecto a esto, existe consenso en disminuir el gasto en campañas electorales y rediseñar el presupuesto a los partidos políticos. Sin embargo, será importante analizar otras propuestas que están sobre la mesa, como la desaparición de legisladores plurinominales o de los organismos electorales locales. ¿Reducir espacios a legisladores de oposición o centralizar la organización electoral en un solo instituto fortalecería nuestro régimen democrático o supondría un error estratégico con más costos que beneficios para nuestras instituciones? No podemos perder de vista que, históricamente, las sucesivas reformas político-electorales no sólo han integrado los planteamientos de las diversas fuerzas políticas, sino que han apuntado hacia una mayor apertura democrática y ciudadanización de nuestros comicios. Cualquier paso en dirección contraria podría acarrear más conflicto que consenso.
Es probable que en el primer semestre de 2026 atestigüemos la impronta que la presidenta imprima a su segundo año de mandato. Sin ser definitivo, el escenario que se procure podría marcar el estilo de gobierno de la presidenta de México. ¿Mayor gobernanza o centralización?
Académico de la UNAM