Recientemente se dio a conocer que el parlamento en Rusia aprobó una ley que sanciona hasta con 15 años de prisión a quien difunda información falsa. El motivo de esta iniciativa del presidente Vladimir Putin se debe a la percepción que está generando en el pueblo ruso la difusión de reportes de diversos medios de comunicación en torno a la cobertura por la invasión del ejército ruso en Ucrania , destacadamente las muertes de la población civil y las sanciones económicas aplicadas por la Unión Europea contra el gobierno ruso. Como se ha visto, el presidente Putin acusa a medios occidentales de difundir “información falsa”, pues en su narrativa el conflicto no se trata de una invasión, sino de una “operación militar especial” cuyo objetivo principal es “desmilitarizar” o, incluso, “desnazificar” a Ucrania.
Respecto a la aprobación de esta legislación, Viacheslav Volodin , presidente de la Cámara de Diputados en Rusia, ha señalado que, a partir de su entrada en vigor, obligará a castigar a quienes supuestamente han mentido o hecho declaraciones que lesionan la imagen de las fuerzas armadas rusas. En respuesta, agencias internacionales como la BBC de Londres, EFE y otros medios estadounidenses como Bloomberg o CNN , anunciaron la suspensión de sus actividades desde suelo ruso ante el riesgo de ser acusados penalmente por el simple hecho de ejercer su actividad periodística; máxime que la norma penal permite a quien la aplica interpretar qué es una información “falsa” en relación a la intervención militar rusa.
Por desgracia, esta clase de censura no es un problema novedoso. Hace un par de años la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet , declaró que, en relación con los conflictos armados, se registraba un alarmante incremento de ataques contra periodistas tanto por Estados como por los grupos armados. En ese sentido, Bachelet indicó que los ataques “tienen por objeto silenciar a toda la sociedad civil, lo cual es motivo de profunda preocupación”. Pero más allá de los ataques directos contra periodistas, la Alta Comisionada apuntó que, con el pretexto de expedir leyes en materia de terrorismo, seguridad nacional o propagación de noticias falsas o fake news, muchos gobiernos en el mundo han desalentado, y aun reprimido, el trabajo periodístico.
Afortunadamente, en nuestro país es eficaz el contrapeso que ejerce el Poder Judicial ante las extralimitaciones en las que pueden llegar a incurrir los poderes Legislativo y Ejecutivo. Ejemplo de ello es el caso reciente donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación limitó el poder de hacer leyes del Congreso del Estado de Veracruz. Al respecto, la Corte explicó a los diputados locales que no pueden hacer leyes inconstitucionales y, de manera específica, declaró la invalidez del tipo penal de “ultrajes”, previsto en el artículo 331, fracciones I, II y IV del Código Penal del estado, debido a que contiene una restricción al derecho de libertad de expresión.
La conducta que los legisladores criminalizaron, a decir de los ministros de la Corte, no cumple con el principio de taxatividad. Esto quiere decir que no limita razonablemente el tipo de conductas que pueden actualizarlo, lo que genera incertidumbre en los destinatarios de la norma y un efecto inhibitorio en el ejercicio de este derecho, es decir, la libertad de expresión.
Estamos convencidos que el acceso a la información es un derecho humano y constituye la base para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Lo que sucede en Rusia es un asunto grave, pues se está criminalizando a los trabajadores de los medios de comunicación por su labor informativa. Hacemos votos por la libertad de expresión y por el respeto a los derechos humanos en México y en el mundo entero.
