Suprema Corte, guardián de la Constitución

Alejandro Moreno

El Estado constitucional de derecho en México prevé instrumentos jurisdiccionales que tienen el propósito de defender y salvaguardar lo estipulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), previniendo su violación.

Uno de esos instrumentos es la acción de inconstitucionalidad que, con base en lo señalado por el artículo 105 constitucional, se promueve en única instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el fin de plantear una posible contradicción entre una norma de carácter general y la CPEUM, buscando invalidar la ley y haciendo prevalecer los mandatos constitucionales.

Nadie puede ni debe estar por encima de la Constitución, menos aún quienes pretenden gobernar a la sociedad mexicana.

Como actor legitimado para invocar ese mecanismo de control constitucional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo hizo el pasado 18 de octubre en contra de la llamada “ley Bonilla”, que no es otra cosa que una reforma realizada la madrugada del 8 de julio de 2019 al artículo octavo transitorio del Decreto 112 de reforma a la Constitución de Baja California, con lo que se pretendió borrar de un plumazo que el gobernador electo en la jornada electoral del 2 de junio de 2019 iniciaría funciones el 1 de noviembre de 2019 y concluiría el 31 de octubre de 2021, es decir, tendría una duración de dos años. Sin embargo, con la eliminación del artículo octavo transitorio, 36 días después de realizada la jornada electoral, se pretendió ampliar el periodo de gobierno de dos a cinco años.

Con esa acción se vulnera el estado de derecho que los mexicanos nos hemos dado, poniendo en riesgo ni más ni menos que la prevalencia del régimen democrático.

El Ministro de la SCJN, Fernando Franco González Salas, ha sido el responsable de instruir la causa (acción de inconstitucionalidad 112/2019), convocando a las partes para expresar lo que en derecho corresponda y elaborando el proyecto de resolución, el cual ya ha sido distribuido entre las y los Ministros de la SCJN y cuya discusión se prevé dé inicio, tal y como lo ha adelantado el Ministro Presidente Arturo Zaldívar, el lunes 11 de mayo.

Como parte de las consideraciones realizadas por el Ministro Franco González se encuentra la violación por parte del Congreso de Baja California de los principios democráticos de certeza electoral, seguridad jurídica, no reelección y derecho al voto estipulados por la CPEUM, configurándose el ilícito de fraude a la ley al pretender ampliar un mandato constitucional por la vía de la reforma.

Como actor respetuoso e impulsor de la prevalencia del Estado de derecho, el PRI confía que el Pleno de la SCJN coincida con las agudas y concienzudas consideraciones del Ministro Fernando Franco González Salas y se evite con ello el quebrantamiento del orden constitucional.

Se requieren por lo menos ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de la ampliación de mandato del gobernador de Baja California y estoy seguro que será la unanimidad de once la que reitere el imperio de la CPEUM sobre los actos y decisiones de todos los mexicanos.

 

Presidente Nacional del PRI

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