El clima político en México se encuentra en un punto crítico, donde la reforma electoral propuesta por el partido gobernante representaría un punto sin retorno. A primera vista, se presenta como una iniciativa en pro de la austeridad y la eliminación de las cúpulas partidistas, pero al examinarla más de cerca, lo que se revela es un intento descarado de desmantelar la democracia que les permitió ganar el poder en 2018. Este esbozo de reforma no es un acto de valentía política; es un golpe de Estado a las bases fundamentales de nuestra democracia.
La narrativa impuesta por el gobierno actual sugiere que esta reforma obedece a una demanda popular por la transparencia y la justicia electoral. Sin embargo, es fundamental desenmascarar esta estrategia. La realidad es que el pueblo mexicano no clama por un cambio en las reglas del juego electoral, sino por el cumplimiento de las promesas de desarrollo, bienestar, crecimiento y seguridad que han sido proferidas a lo largo de los años, pero que hasta ahora permanecen vacías. Es el deseo de ver resultados concretos en lugar de ver cómo se erosionan las garantías de voto libre y secreto lo que realmente predomina en la mente y el corazón de la ciudadanía.
La verdadera intención tras esta reforma es clara: asegurar que el partido en el poder pueda continuar gobernando, no a través del voto popular, sino a través de una manipulación calculada del sistema electoral. Atemorizados por el inminente fracaso en las urnas, buscan crear un ambiente donde las elecciones puedan ser amañadas. La democracia es un sistema que se nutre de la participación ciudadana, y lo que se está proponiendo es un retroceso peligroso que podría generar una falta de confianza en el propio proceso electoral.
El argumento de que se busca eliminar las cúpulas partidistas es un sofisma diseñado para engañar. La política no puede ser reducida a una lucha entre facciones; debe entenderse como un compromiso con el bienestar colectivo. La estabilidad de una nación depende de su capacidad para dar voz a toda su ciudadanía, y eso implica garantizar el acceso a elecciones libres y justas. La realidad a la que nos enfrentamos es que, al intentar silenciar a la oposición y controlar el proceso electoral, se socavan las mismas bases sobre las que se edifica una verdadera democracia.
Es preciso recordar que la fuerza de un país radica en su diversidad política, en el respeto a las opiniones y en la posibilidad de elegir a nuestros representantes de manera justa. El miedo a perder el poder, a ser juzgados por sus acciones, es lo que impulsa a los líderes a implantar estos cambios. La democracia no es un privilegio, es un derecho que debe ser defendido con firmeza, y es crucial que los ciudadanos estén alertas ante cualquier intento de erosionarse.
El pueblo mexicano no desea un liderazgo que actúe desde la óptica de la facción y el interés propio, sino un gobierno que escuche, cumpla y trabaje por el bienestar de todos. La reforma electoral debería ser un pilar para fortalecer la democracia, no un mecanismo para perpetuar el poder en manos de unos pocos.
La derrota en el ámbito electoral no debería ser aterradora; al contrario, debe ser un reflejo de la voluntad popular. Es nuestro deber, como ciudadanos, alzar la voz contra cualquier intento de dañar nuestros derechos democráticos. Estamos en un momento decisivo y, para garantizar un futuro en el que todos podamos participar efectivamente en la construcción de nuestras instituciones, debemos rechazar cualquier medida que busque profundizar la división y debilitar la confianza en el sistema democrático. La historia juzgará a aquellos que opten por el camino de la facción en lugar del de la unidad y el progreso para todos.
Presidente Nacional del PRI