Las mujeres y los hombres somos circunstanciales; lo único que persiste son las instituciones públicas, ésas que cumplen con funciones centrales que no pueden ni deben depender del parecer ni ánimo del gobernante. Y justamente son esas instituciones, que datan de mucho antes del 1 de diciembre de 2018, las que están al frente de la lucha contra la pandemia y crisis económica que azotan a México.
Javier García Paniagua
La salud, educación, asistencia social, organización electoral, desarrollo de infraestructura, seguridad pública y protección del medio ambiente son las actividades centrales que el Estado debe desarrollar y supervisar su eficaz funcionamiento. Pero se trata solo de algunas a las que, conforme evoluciona la organización social, económica y política del Estado, se suman otras que resultan vitales como la defensa de los derechos humanos, prevención y sanción de la discriminación y regulación de competidores.
No son caprichos ni mucho menos un ánimo por acrecentar la burocracia, sino de construir un Estado fuerte, eficaz y presente en las labores que más incidencia tienen en el respeto y observación de los derechos humanos, así como en el desarrollo pleno de la vida en sociedad.
La época de los caudillos y sus perjudiciales consecuencias ya la hemo sufrido y superado. Por ello decimos claro que ni un paso atrás en la evolución democrática de México.
Las instituciones públicas no pueden ni deben reinventarse en cada elección, sino perfeccionarse y consolidarse. De otra forma, se perfila un Estado endeble, coercible e ineficaz.
Por ello, más allá de los dimes y diretes que mucho ruido hacen pero que en nada contribuyen al desarrollo social y económico del país, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido el responsable de crear y construir ese IMSS, ISSSTE y Sector Salud que hoy se encuentran en defensa de la salud de los mexicanos a pesar de la improvisación e incapacidad de los timoneles.
Ni una institución ha sido creada desde el 1 de diciembre de 2018 que sea de utilidad para los mexicanos, sino al contrario, se ha buscado menoscabar y destruir algunas de ellas, poniendo en peligro la integridad de la Nación, observancia de derechos humanos y preservación de la seguridad pública.
Ante esta circunstancia, el PRI dice a la ciudadanía que se apresta a la reconstrucción de México, un país que al paso que va quedará devastado en aras de responder al proyecto no de una nación de 130 millones de habitantes sino de un grupo.
La improvisación hace mucho daño, sobre todo cuando proviene de un contexto de austeridad entendido como uno de aniquilación del aparato público.
Ante esta realidad, el PRI impulsa entre las y los legisladores federales, en la antesala del periodo extraordinario del Poder Legislativo, el plan económico de emergencia que alivie la asfixia que México sufre.
El PRI está decidido a dotar a México de las instituciones públicas que en el siglo XXI le permitan no solo consolidar conquistas alcanzadas, sino ir por más. En esa ruta no hay retorno.
