Hay momentos en la historia de un país en los que la discusión deja de ser política y se vuelve moral. México está en uno de esos momentos. Y no, no es una exageración: cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que lo que ocurre en México puede constituir crímenes de lesa humanidad, no estamos frente a un debate ideológico, sino ante un diagnóstico internacional de una tragedia que ocurre todos los días.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha sido claro: en México existen elementos suficientes para considerar que las desapariciones no son hechos aislados, sino parte de un fenómeno sistemático, con responsabilidades que alcanzan al Estado por acción, omisión o tolerancia.
No se trata de cifras frías. Se trata de una realidad brutal: más de 130 mil personas desaparecidas y miles de familias que han tenido que convertirse en investigadoras, peritos y buscadoras porque el Estado no ha estado a la altura. Eso, en términos simples, significa impunidad estructural.
Cada fosa clandestina, cada hallazgo de restos humanos, cada grupo de madres buscadoras que encuentra fragmentos de vida enterrados en el desierto o en un predio abandonado, es en sí mismo una escena de masacre. La ONU no inventa esa realidad. La documenta.
Y lo hace señalando algo incómodo: no es necesario que exista una política explícita de exterminio para que haya responsabilidad estatal. Basta con la permisividad, la incapacidad o la omisión. Eso es exactamente lo que ocurre en México.
Frente a este diagnóstico, el gobierno de Morena opta por descalificar el informe: lo llama “tendencioso”, “falto de rigor” y sostiene que no reconoce los avances institucionales. Pero el problema no es lo que el gobierno dice haber hecho, sino lo que sigue ocurriendo.
La ONU no miente. No tiene incentivos políticos internos, no compite en elecciones, no necesita justificar narrativas. Lo que hace es observar, documentar y advertir. Y su advertencia es contundente: México enfrenta un fenómeno de desapariciones de tal magnitud y características que puede ser considerado crimen de lesa humanidad.
Negarlo no lo desaparece. Descalificarlo no lo corrige.
Un gobierno puede defenderse políticamente. Puede argumentar, matizar, incluso cuestionar metodologías. Pero lo que no puede hacer —sin perder legitimidad moral— es ignorar el dolor de miles de familias y reducir una tragedia nacional a un debate técnico. Porque mientras se discuten informes, en algún lugar de México alguien está desapareciendo.
Y en ese instante —silencioso, invisible, cotidiano— ocurre una nueva masacre.
Presidente nacional del PRI