El proceso de consolidación democrática de nuestro país responde en gran medida al proceso de maduración del hoy Instituto Nacional Electoral (INE), antes IFE. Desde su creación en 1990, como un órgano federal, el Instituto ha adaptado su diseño para cumplir con la tarea de garantizar elecciones libres, transparentes y competitivas.
Cada reforma que ha experimentado la institución, para ciudadanizar su dirección y fortalecer sus capacidades organizativas y de supervisión en las urnas, ha contribuido a hacer del INE una institución con una sólida autonomía. Ésta ha sido una pieza fundamental para el éxito de tres alternancias políticas en paz y civilidad (2000, 2012 y 2018). Procesos donde no ha quedado duda de la imparcialidad, profesionalismo y capacidad del árbitro electoral mexicano.
México se ha convertido en uno de los referentes internacionales en términos de arbitraje y gestión de elecciones. Como miembro fundador de la Red de Conocimientos Electorales de las Naciones Unidas (2006), el INE ha colaborado en la democratización de varios países en todo el mundo.
El PRI, como gobierno y como oposición, se ha sumado a la tarea de cultivar la independencia del INE. Por eso, apoyamos la reforma político-electoral de 2014, mediante la cual se definió el papel del Instituto como árbitro en elecciones locales y federales, y sus facultades de investigación materia de acceso a medios de comunicación.
El año pasado vimos en acción un aparato logístico eficiente que permitió la competencia equitativa por más de 18 mil cargos públicos, así como la participación ordenada de un padrón de más 89 millones de electores.
Las propuestas para modificar la composición del Consejo General del INE, el período de su presidencia y la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) trastocarían el funcionamiento de la maquinaria democrática mexicana. Llevaría a la desarticulación de una institución que ha funcionado con éxito 10 elecciones, de las cuales 5 fueron presidenciales. Si las propuestas se aprueban, habría consecuencias directas en la consolidación de nuestra democracia. Nos encontraríamos en un escenario donde el INE sería incapaz de operar y se debilitaría su credibilidad, en tiempos de alta competencia política.
Al vulnerar la facultad del INE de organizar elecciones sin interferencia externa y su libertad de pronunciarse sobre el actuar de los partidos políticos dentro y fuera de las urnas, se atenta contra la decisión de los mexicanos de vivir en un país democrático.
Nuestro compromiso con la democracia va más allá de las urnas. Sabemos que la democracia se conquista día a día con el ejercicio responsable de los cargos que ocupamos. Por ello, los priistas haremos uso de las tribunas y cada espacio disponible para defender la autonomía administrativa y de decisión del INE. Esta no es una posición negociable y sobre la que no vamos a ceder ni un sólo paso.
Presidente del CEN del PRI
