El año que concluyó ha dejado una marca indeleble en la historia contemporánea de México, un periodo que muchos considerarán el punto más bajo en los siete años de gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
2025 fue el año en que siguieron erosionando los fundamentos de nuestra democracia y hecho resurgir sombras de autoritarismo, corrupción e impunidad que parecían haberse desvanecido.
Uno de los eventos más preocupantes ha sido la consolidación del control del Poder Judicial por parte del gobierno, lo que puede describirse sin temor a exagerar como un golpe de estado en su forma más sutil. Al despojar a la institución de jueces y magistrados independientes, capaces e íntegros, se han comprometido los principios de justicia y legalidad. La presencia de personas alineadas políticamente o con vínculos cuestionables en puestos clave del Poder Judicial ha puesto en entredicho la capacidad de esta institución para actuar como control de legalidad frente al Ejecutivo, clave en toda democracia saludable.
Simultáneamente, las masacres han continuado en diversas regiones del país. El horror de la violencia ha alcanzado niveles alarmantes, destacando la serie de hechos que han dejado a cientos de familias en duelo. Este ciclo de sangre y dolor ha demostrado que la implementación de estrategias de seguridad ha sido, en gran medida, un fiasco. Las promesas de pacificación se han diluido en medio de balas y lágrimas.
A esto se suman los accidentes en las instalaciones del tren Maya y el proyecto del Istmo de Tehuantepec, obras emblemáticas de este gobierno que, lejos de ser un símbolo de progreso, se han convertido en ejemplos paradigmáticos de corrupción. La falta de supervisión, las irregularidades en los contratos y las malas condiciones de trabajo han desembocado en incidentes que han puesto en riesgo la vida de muchos, exhibiendo una vez más cómo la ambición desmedida y la falta de responsabilidad institucional pueden tener consecuencias fatales.
Además, el desfalco al erario ha quedado al descubierto, revelando un entramado de malversación que parece no tener fin. Los indicios de que muchos de los que llegaron al poder lo hicieron para “despacharse con la cuchara grande” no solo son fuertes, sino alarmantes. Los recursos que deberían haber sido destinados a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos se han desviado hacia bolsillos particulares, dejando al país en una situación financiera comprometida.
En medio de este panorama desolador, el futuro se vislumbra incierto. El año 2026 no pinta bien; las tensiones se palpitan en el aire, y la desconfianza hacia las instituciones se ha instaurado en el imaginario colectivo. Muchos mexicanos se preguntan si habrá un cambio real hacia un gobierno que respete la división de poderes y la libertad del pueblo, o si seguiremos siendo testigos de un retroceso que amenaza todavía más con socavar nuestras esperanzas de un México justo y equitativo.
Sin duda, el año que hemos dejado atrás ha sido catastrófico, un recordatorio de que la construcción de una nación verdaderamente democrática requiere no solo de palabras, sino de actos que respalden el compromiso con la justicia, la transparencia y el bienestar de todos los ciudadanos.
Presidente Nacional del PRI