La semana pasada, tuve el honor de ser invitado como ponente a la conferencia anual organizada por la asociación de estudiantes mexicanos de la Universidad de Harvard (HUMAS, por sus siglas en inglés).
El honor fue doble dado el calibre de mis compañeros de panel: Clara Luz Flores, alcaldesa de General Escobedo, Nuevo León, y presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal; Rodrigo Canales, académico de la Universidad de Yale y uno de los grandes conocedores de la problemática policial en México, y Marco López Silva, presidente de la Fundación IDEA.
La conversación abandonó los temas de coyuntura y se centró en los problemas sistémicos que aquejan al sistema de seguridad y justicia en México. Y, con matices, todos llegamos a conclusiones similares:
1. La inseguridad y la violencia tienen, a pesar de las apariencias, una dinámica focalizada. Tienden a concentrarse en términos de tiempo, espacio, víctimas y victimarios. Unas cuantas personas en unos cuantos lugares son responsables de una porción gigantesca de los delitos que se cometen en el país.
2. Esa lógica tiene una poderosa implicación: es necesario construir la seguridad desde abajo, calle por calle, colonia por colonia, municipio por municipio. Para establecer condiciones de paz y tranquilidad, es indispensable descubrir esos lugares y esas personas que concentran el grueso de los delitos. Eso solo puede hacerse desde el espacio local.
3. Lo anterior no es una afirmación teórica. Los (pocos) municipios que han logrado transformar a sus policías y focalizar esfuerzos han logrado mejorías notables en materia de seguridad en plazos relativamente cortos. Entre esos ejemplos, se cuentan Escobedo, Morelia, Chihuahua (capital) y Ciudad Nezahualcóyotl. No son muchos casos, pero apuntan hacia un modelo posible.
4. Extender ese modelo enfrenta, sin embargo, múltiples dificultades. La primera es de orden institucional: nuestro marco constitucional y legal no define con precisión los ámbitos de actuación de los distintos órdenes de gobierno en materia de seguridad pública. Eso genera incentivos a que la Federación, los estados y los municipios se pasen la pelota y eludan la responsabilidad que les corresponde.
5. Un segundo problema es de naturaleza fiscal: no hay una fuente suficiente y estable de financiamiento para las policías, particularmente en el ámbito municipal. Eso convierte a la reforma policial en un juego de suma cero: en la mayoría de los municipios, solo se puede impulsar a expensas de otros objetivos de desarrollo urbano. En consecuencia, muy pocos hacen el esfuerzo.
6. Un tercer problema es político: los esfuerzos de reforma policial dependen de la permanencia de un alcalde (o alcaldesa) en el cargo. La posibilidad de reelección consecutiva ha mejorado las posibilidades de que una transformación tenga tiempo de madurar, pero persiste un problema de sustentabilidad. El caso reciente de Morelia, donde el nuevo alcalde ha abandonado casi todo lo hecho por su predecesor, es un buen ejemplo de la fragilidad política de la reforma policial.
7. Por último, todo lo que se haga en materia de policías va a servir para poco si no hay un cambio en paralelo en la procuración de justicia. Y ese cambio implica a) quitar al ministerio público el mando y conducción de las investigaciones penales, b) sacarlo de la función de recibir denuncias (y trasladarla a las policías), y c) centrarlo en las tareas de integración de expedientes y litigio.
En resumen, me pare de la mesa con una convicción: hay soluciones para la crisis de seguridad del país. No son fáciles, pero no son imposibles. Falta voluntad política, eso sí. Y por desgracias, ese es un bien escaso.
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