Es feo decir que se les dijo, pero se les dijo.
Se les dijo que era inconstitucional la transferencia del control administrativo y operativo de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena. Se les dijo que un acto legislativo de esa naturaleza iba a detonar una avalancha de impugnaciones por vía judicial. Se les dijo que el asunto llegaría a la Suprema Corte y que había altas probabilidades de un fallo en contra del gobierno.
Se les dijo y no les importó. Desde Palacio Nacional, forzaron la máquina legislativa, usaron su mayoría y aprobaron reformas para hacer lo que siempre quisieron: poner a la GN bajo control de la Sedena.
Siete meses después, estamos ante la posibilidad de que todo ese entramado legal quede demolido. Ayer circuló un proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara sobre la acción de inconstitucionalidad, interpuesta por 49 integrantes del Senado en octubre pasado, en contra de las reformas legislativas que transfirieron el control operativo de la GN a la Sedena.
Para todo fin práctico, el ministro les da la razón a los senadores y senadoras. Básicamente, de aprobarse el proyecto en sus términos, quedarían invalidadas todas las disposiciones que ponen a la GN bajo la tutela de la Sedena, incluyendo los artículos transitorios que permitieron transferencias presupuestales y de activos.
La argumentación que utiliza el ministro para llegar a esa conclusión es francamente demoledora. En particular, afirma que “resultaría en un fraude a la Constitución Federal considerar que esa institución policial conserva su carácter civil y se rige por una doctrina policial, si sus integrantes son militares en activo, sometidos a la jurisdicción y al régimen disciplinario militar, desarrollando funciones militares y actuando bajo la normativa militar.”
Este proyecto tiene aún que pasar por una tremenda aduana. Debe ser apoyado por al menos ocho de los once integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y se sabe de antemano las dos ministras del presidente —Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz— votarán en contra (tengo para mí que ambas le encontrarían base constitucional al restablecimiento de la esclavitud si esa fuera la línea de Palacio Nacional). Arturo Zaldívar probablemente se incline también en la misma dirección, solo para no antagonizar a los pocos aliados que le quedan (sobre todo a uno que también despacha en el Zócalo).
Los ocho restantes tendrían entonces que votar a favor del proyecto para que queden invalidadas las normas impugnadas. ¿Se alcanzará ese número mágico en medio de una tremenda presión proveniente de Presidencia y las Fuerzas Armadas? No estoy seguro, pero ojalá así sea.
Por tres razones:
1. Sería un golpe seco al proceso de militarización. No mortal, sin duda, pero sí aturdidor. Como mínimo, señalaría que la Constitución marca rayas y que el límite a los poderes y responsabilidades de las secretarías militares no es la imaginación del presidente.
2. Por lo menos, le pondría un poco más difícil la transición a Sedena. Regresarían probablemente a las prácticas de simulación que marcaron los primeros tres años de la GN, pero eso les abriría riesgos. Y con esos riesgos, vendrían oportunidades para renegociar los términos del arreglo entre civiles y militares en un gobierno futuro.
3. Significaría un rechazo contundente a la práctica de aprobar reformas legislativas inconstitucionales (sabiendo que son inconstitucionales), con la expectativa de que no se encontrará una mayoría de ocho en la SCJN para invalidarlas. Esto empezaría a hacer un poco más difíciles los Planes B.
Crucen los dedos: estamos ante un momento decisivo.
Twitter: @ahope71