Un grupo armado más

Alejandro Hope

La investigación sobre la masacre de Camargo dio un vuelco el martes pasado. En conferencia de prensa, el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, anunció la detención de 12 policías estatales por su presunta participación en el asesinato de 19 personas, cuyos cadáveres fueron hallados calcinados hace dos semanas.

Estos elementos pertenecían, según información que ha proporcionado la propia fiscalía, a un cuerpo de élite de la policía estatal, conocido como Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), creado en 2020.

Las posibles complicidades oficiales en la masacre no terminan allí. A raíz de la investigación, ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración fueron cesados, ya que, al parecer, habrían retenido ilegalmente la camioneta donde se encontraron los cadáveres un mes antes de ocurridos los hechos. Se sigue dilucidando lo que pasó entre ese momento y la masacre.

Falta ver el resultado de las investigaciones sobre estos hechos, pero van de manera preliminar algunos comentarios:

1. Esto parece confirmar lo que varios colegas han señalado desde hace años: en muchas regiones del país, no hay una frontera entre Estado y delincuencia. No es que las policías estén infiltradas o cooptadas por bandas criminales, sino que, en la práctica, muchas (o segmentos importantes a su interior) operan como un grupo armado más, en disputa con otros para controlar diversas fuentes de ingreso ilegal.

2. Lo sucedido en Camargo es una prueba más de que el llamado mando único no garantiza la integridad de las corporaciones policiales. Hace casi una década, el gobierno de Tamaulipas tomó la decisión radical de eliminar a sus policías municipales, alegando que estaban coludidas con las bandas de la delincuencia organizada. Casi diez años después, la policía estatal se ve envuelta en acusaciones gravísimas de violencia extrema y participación en mercados ilícitos. La ubicación administrativa del mando policial no era, a todas luces, el origen del problema.

3. El problema más grave de las policías en México, en todos los niveles de gobierno, es el déficit de rendición de cuentas. Los controles internos son debiluchos y la supervisión externa es casi inexistente. Salvo excepciones, las unidades de asuntos internos de las policías sirven más para sancionar pequeñas faltas disciplinarias (el policía que llegó sin uniforme, por ejemplo) que los casos graves de corrupción y abuso policial. Además, casi ninguna está apalancada en mecanismos robustos de supervisión externa: no hay, salvo contadísimas excepciones, auditores policiales o comisiones de quejas o algún otro instrumento de control civil. Y de la supervisión legislativa, ni hablamos. En esas circunstancias, lo raro no es que sucedan hechos como los de Camargo, sino que no sucedan más seguido.

4. En muchas policías del país, hay una apuesta por grupos especiales y cuerpos de élite. El argumento es que, para combatir a la delincuencia organizada, se requieren unidades especiales, con enfoque militarizado, operando fuera de la estructura formal de mando y con pocos controles. Puede o no estar justificada la creación de un grupo de esa naturaleza, pero, en ausencia de controles robustos, el potencial de abuso es gigante. Y hay muchos casos en el país de cuerpos de presunta élite que acaban envueltos en escándalos de corrupción y violaciones de derechos humanos.

En resumen, lo sucedido en Camargo es una muestra más de la urgente necesidad de una reforma policial a fondo en el país. Estos hechos van a seguir sucediendo mientras no se cierre el déficit de rendición de cuentas en las policías.

Una policía que no es vigilada y controlada es una policía que acaba como un grupo armado más.

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