Este domingo, se cumple un año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo evaluar estos primeros 12 meses? ¿Qué deja el arranque de la administración en materia de seguridad y justicia? Van algunas reflexiones rápidas:
1. Por más que se den vuelta a los números, la crisis de violencia persiste en buena parte del territorio nacional. Es cierto que la curva de homicidios se ha aplanado, pero no se ha invertido. Vamos a terminar el año con algo más de 35 mil víctimas de homicidio doloso y feminicidio en la cuenta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Eso equivale a un incremento aproximado de 2% en comparación con 2018. Implica además que, en la cuenta de Inegi (siempre un poco mayor que la del SESNSP), vamos a tener una tasa de algo más de 30 homicidios por 100 mil habitantes, la más alta desde 1960.
2. El dato alentador del año es la leve mejoría en la percepción de seguridad. Medida en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), hay una mejoría significativa: el porcentaje de personas que declaró sentirse inseguras en su ciudad pasó de 73.7% a 71.3% entre diciembre de 2018 y septiembre de 2019. Es necesario señalar, sin embargo, que esa tendencia positiva inició en el segundo trimestre de 2018.
3. Hay poco que presumir en materia de construcción institucional. El proyecto central del gobierno —la Guardia Nacional (GN)— se ha ejecutado bajo el signo de la simulación y el desorden. La transferencia de personal y recursos de la Policía Federal ha sido poco menos que un desastre: el conflicto laboral persiste y, a cinco meses de iniciada la transición, dos terceras partes de los policías federales siguen en el limbo, sin saber si se podrán incorporar a la nueva institución. Peor aún, la GN nace sin plazas ni presupuesto, salvo los que herede de la PF. Casi 80% de sus integrantes están adscritos a la Sedena o la Semar y el requisito de separación funcional de la fuerza armada permanente, establecido en la ley para los miembros de la GN, se está cubriendo con simples oficios de comisión. En el mejor de los casos, esto hace terriblemente frágil a la institución. En el peor, es un fraude abierto a la ley.
4. Tampoco se ha hecho mucho por corregir las deficiencias estructurales del sistema de seguridad y justicia. El presupuesto aprobado para 2020 es lastimosamente bajo e implica recortes importantes para la Fiscalía General de la República, así como a los fondos de aportaciones y subsidios a estados y municipios (FASP, Fortaseg y Fortamun). Asimismo, en oposición abierta a lo acordado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, no se incrementó el porcentaje de Fortamun (de 20 a 50%) que se dedicaría a tareas de seguridad. A la par de esto, no ha habido una redefinición de las competencias de Federación, estados y municipios que reduzca los incentivos de trasladar las responsabilidades propias a otros órdenes de gobierno.
5. Lo peor del año fue la reacción del gobierno ante eventos de alto impacto. En Culiacán, tanto el presidente como el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, hicieron hasta lo imposible para rehuir de la responsabilidad por el frustrado intento de captura de Ovidio Guzmán. Eso ha generado una tensión innecesaria con las Fuerzas Armadas que puede tener consecuencias de largo plazo. En el caso de la familia LeBarón, el gobierno no ha tenido una respuesta particularmente vigorosa, a pesar de lo monstruoso del hecho. Con ello, ha dejado pasar una oportunidad para pintar una raya en la arena y debilitado la posición del país frente a las amenazas de Donald Trump.
En resumen, el primer año de gobierno ha tenido poco nuevo, poco bueno y casi nada alentador.
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@ahope71
