Tenemos la seguridad que pagamos

Alejandro Hope

La falta de dinero en el combate a la inseguridad no solo es falta de dinero: es ausencia de compromiso

El problema de la inseguridad y la violencia en México es crónico y persistente. No hay causa única de ese fenómeno, pero este no se puede entender sin echarse un clavado profundo al presupuesto de las instituciones de seguridad y justicia.

Eso es lo que acaba de hacer la organización Impunidad Cero. Realizó un amplio estudio sobre el presupuesto estatal para el combate a la impunidad y los resultados no son alentadores.

En 2019, todos los recursos erogados por todas las entidades federativas en tareas de procuración de justicia, impartición de justicia y seguridad pública sumaron 172,879 millones de pesos, una cifra que equivale a 0.77% del PIB.

Eso puede sonar a mucho dinero, hasta que se cae en cuenta que con eso se paga todo: policías, ministerios públicos, fiscales, peritos, jueces, custodios. Y los equipos que necesitan y las instalaciones que requieren y los servicios que son indispensables para mantener medio funcionando a la máquina.

Puesto en términos per cápita, como lo hacen los investigadores de Impunidad Cero, la escasez se vuelve notoria. Por habitante, el gasto estatal en seguridad pública, sumado al de procuración e impartición de justicia, equivalió en 2019 a 1366 pesos al año. Eso equivale a 3.74 pesos por persona al día. Menos de lo que cuesta un boleto del metro.

El dato es un poco mejor que el de 2015, pero no mucho mejor: en los últimos cinco años de la última década, el gasto per cápita dedicado al combate a la impunidad aumentó 48 centavos de peso por día (o 15%, medido en términos porcentuales). La cosa iba mejorando, pero a ritmo de tortuga.

Uso el tiempo pretérito porque es probable que se haya detenido la mejoría a partir de 2020, dados los recortes a los programas de aportaciones y subsidios federales a estados y municipios. Habrá que ver en futuras ediciones de este reporte.

Por ahora, tenemos que se gasta muy poco en los estados. Y eso importa: según los autores del informe, “en general, el mayor gasto se relaciona con un mejor índice global de impunidad o una mayor efectividad de procuración de justicia. Por otro lado, en aquellos estados con menor gasto, aumenta la impunidad en homicidio doloso.” De hecho, las variables de gasto se correlacionan mejor con los niveles de impunidad que una multiplicidad de factores sociales.

Estos hallazgos del equipo de Impunidad Cero son a la vez deprimentes y esperanzadores. Deprimentes porque venimos acarreando este problema, el cual es perfectamente visible sin la necesidad de un profundo análisis contable. Nuestra subinversión crónica en las instituciones de seguridad y justicia se refleja de manera abiertísima en los sueldos de las policías, en la ineficacia de las fiscalías, en la lentitud de los tribunales, en la inhumanidad de las prisiones. Tenemos la seguridad que pagamos y trágicamente pagamos poco.

Pero eso es también esperanzador. El análisis de Impunidad Cero muestra que gastar más sí sirve, que inyectar más recursos a las policías y a las fiscalías y a los juzgados y a las prisiones sí sirve. Más recursos sí redundan en menor impunidad y mayor eficacia de las instituciones.

Es cierto que del problema de la inseguridad no vamos a salir solo con carretonadas de recursos. Pero presupuesto son prioridades. La falta de dinero no solo es falta de dinero: es ausencia de compromiso. Si somos serios en el combate a la impunidad, hay que poner los recursos en la mesa.

El que quiera azul celeste, que le cueste.
 

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