Sucedió como se anticipaba. El viernes, los diputados y diputadas de la coalición gobernante votaron mecánicamente a favor de la propuesta presidencial de transferir el control de la Guardia Nacional a la Sedena.
No importó la notoria inconstitucionalidad de la propuesta. No importó que el texto aprobado hubiese llegado a la Cámara de Diputados menos de 48 horas antes de su aprobación.
Todo eso resultó irrelevante. Se dispensaron todas las formalidades, se omitió el trámite de aprobar un dictamen en comisiones, se declaró el asunto de obvia y urgente resolución y se aprobó al cabo de unas horas de debate.
Ganaron el primer round, pues.
Pero cabe una pregunta: ¿qué ganaron? De arranque, nada: falta aún la aduana del Senado. Pero asumiendo que la iniciativa salve ese trámite, el desenlace no parece muy positivo.
En materia de seguridad, se ganó poco o nada. Operativamente, con o sin reforma, la GN va a seguir haciendo lo mismo que hace hasta ahora: muchos rondines con efectos disuasivos cuestionables, algo de patrullaje carretero, algo de vigilancia en edificios públicos y aeropuertos, y muy poca investigación.
Según el informe de la GN enviado al Senado a principios de año, esa corporación detuvo en 2021 a 8,258 personas. Eso es menos de lo que hace una policía municipal de tamaño mediano. Y de ese total, catorce fueron un producto “derivado de los trabajos de inteligencia”. Se trata a todas luces de una fuerza que patrulla y no investiga.
En materia administrativa, tal vez se logre esconder el desastre administrativo que ha dejado la construcción de la GN —el hecho, por ejemplo, de que 80% de su personal sea prestado y que ese préstamo no esté debidamente formalizado— pero a costa de crear varios otros.
La iniciativa separa la adscripción administrativa del control presupuestal. Formalmente, la GN va a seguir ubicada en la SSPC, pero su presupuesto va a ser ejercido por la Sedena. Dicho de otro modo, recursos etiquetados por el Congreso para una dependencia van a ser gastados por personal de otra, amparado en una norma de dudosísima constitucionalidad. Francamente, no quisiera estar en los zapatos de los funcionarios que tengan que estampar su firma en los oficios requeridos para formalizar el asunto. Mi sugerencia es que empiecen a ahorrar desde ya para pagar abogados.
Además, la iniciativa trae interconstruido un conflicto entre la Sedena y la Semar, al (casi) obligar a la segunda a ceder plazas, personal y presupuesto a la primera. Asimismo, de acabar de aprobarse el bodrio, es casi inevitable una amplia disputa laboral (o el pago de cantidades no menores en materia de liquidación) para sacar de la GN a todos los exintegrantes de la Policía Federal (esto viene mandatado en un artículo transitorio). Como cereza en el pastel, lo aprobado en la Cámara baja dejaría sin plazas presupuestales formales a la GN como órgano administrativo desconcentrado (todas pasarían a Sedena).
Más importante, dada su dudosa constitucionalidad, estas modificaciones van a poner entre corchetes legales todo lo que haga la GN durante años, desde una detención hasta una compra, pasando por una acción disciplinaria. Las bancadas de Morena y sus aliados votaron —probablemente sin darse cuenta— por una avalancha de litigios (grandes, medianos o pequeños) que pueden acabar paralizando a la corporación.
En resumen, la mayoría gobernante se apuntó una victoria pírrica: en vez de garantizar el futuro de la GN, acaba de socavar gravemente su sustentabilidad de largo plazo.
Ojalá disfrute su triunfo.
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