En una magnífica columna publicada en estas páginas hace dos días, Juan Pablo Becerra-Acosta narró dos conversaciones que sostuvo recientemente con Julio Scherer Ibarra , exconsejero jurídico de la Presidencia de la República (https://bit.ly/3tKZ6wg).

Las acusaciones en contra de Scherer por su presunta participación en una trama de extorsiones a empresarios fueron el tema central de las pláticas. El abogado, considerado hasta hace poco el segundo hombre más poderoso de México, negó su involucramiento en los delitos que, según la Fiscalía General de la República, habrían cometido en su nombre varios prominentes despachos.

En su defensa, le mostró a Becerra-Acosta dos documentos. En el primero, el cual parece haber estado catalogado como secreto, se lee lo siguiente:

“Con inteligencia del CNI, el 01/nov la FGR, GN y UIF ejecutaron la primera fase contra los implicados en el esquema de suplantación de identidad del Consejero Jurídico de Presidencia, mediante el que gestionaban beneficios indebidos en contratos de gobierno.”

El segundo señala que una presunta suplantación de identidad de Scherer era un acto que debía ser “catalogado como asunto de Seguridad Nacional por el potencial de daño a la imagen de la Presidencia de la República en detrimento de la confianza ciudadana al proyecto de Nación.”

No estoy en posición de validar la autenticidad de los documentos ni de determinar el origen preciso de los mismos. Pero en el contexto de una entrevista y habiendo autorizado que Becerra-Acosta los usara en su columna, parecería raro que Scherer exhibiera documentos falsos que serían fácilmente desmentidos por parte de las autoridades.

Si en efecto son documentos oficiales auténticos, estaríamos ante una confusión brutal sobre el concepto de seguridad nacional y los usos legítimos del aparato de inteligencia.

En términos de la ley en la materia, la seguridad nacional se entiende como “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano” ¿Por qué una afectación a la imagen de la Presidencia de la República pondría en riesgo la integridad, estabilidad o permanencia del Estado? ¿El Estado no puede sobrevivir si el presidente es impopular? Francamente, lo dudo: allí está el caso de Peña Nieto como ejemplo obvio. Sus bajísimos niveles de aprobación le salieron carísimos a su partido, pero el Estado mexicano sobrevivió a la debacle política del peñanietismo.

Esta confusión entre Estado y gobierno tiene implicaciones serias para las libertades públicas. Si la imagen presidencial es un asunto de seguridad nacional, ¿se vuelve legítimo, por ejemplo, espiar a periodistas que publiquen notas negativas sobre el gobierno (como se hizo con Pegasus , por ejemplo)? ¿O, en nombre de la seguridad nacional, censurar a medios de comunicación? No sé si se haga, pero la ventana conceptual para hacerlo está planteada.

Por otra parte, ¿por qué el CNI debería de participar en un caso de presunta suplantación de identidad? Ese es un tema netamente policial que no corresponde al ámbito de la inteligencia civil.

Esta no tiene como destino un expediente judicial. Se recaba información no para meter a alguien a la cárcel, sino para dotar a tomadores de decisión ubicados en el ápice de la estructura gubernamental, de elementos para conjurar amenazas a la seguridad nacional. Y, de nuevo, la posible mala imagen del presidente o de sus consejeros no cae en esa categoría.

Confundir al Estado con el gobierno y usar al aparato de inteligencia civil para tareas que recaen en las policías son prácticas que no corresponden a un país democrático. Es hora ya de abolirlas.

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