Los rifles y las vacunas

Alejandro Hope

Para poner vacunas, el gobierno federal optó por soldados armados y equipados como si fueran a una guerra

¿Cuántas personas se requieren para poner una vacuna contra el Covid-19? En México, trece.

Las llamadas Brigadas Correcaminos, responsables de llevar las vacunas a la población, están compuestas por: un promotor de Bienestar o del programa Sembrando Vida, una persona del programa La Escuela es Nuestra o del programa de Becas Benito Juárez, dos servidores de la nación, un responsable médico y dos trabajadores del sector salud (para aplicar las vacunas), dos personas voluntarias, y cuatro elementos, de la Sedena, la Semar o la Guardia Nacional.

Ese arreglo organizacional es un poco extraño y ha sido motivo de controversia desde que se anunció hace algunas semanas. La mayor parte de la discusión se ha centrado en los llamados servidores de la nación y el posible proselitismo electoral que pudieran hacer con las vacunas.

Yo quisiera, sin embargo, poner el ojo en el personal de seguridad que participa en estas brigadas. Daniel Gómez-Tagle, un especialista en el análisis del uso de la fuerza, puso en su cuenta de Twitter una foto de una brigada Correcaminos en una clínica del IMSS. En primer plano, se observa a cuatro elementos del Ejército con uniformes tácticos y armas largas.

Sobre esto, Gómez-Tagle hace la siguiente reflexión: “De acuerdo al marco jurídico nacional la fuerza pública debe utilizarse de forma PROPORCIONAL ¿Cuál es la necesidad que justifique soldados equipados con armas de alto poder y equipamiento táctico en este escenario?”

No hay una muy buena respuesta a esa pregunta. Tal vez se justificaría en algunas regiones apartadas de Michoacán o Guerrero, donde hay presencia de grupos armados. O en algunos municipios de Guanajuato o Jalisco, asolados por la violencia criminal. Pero, ¿en Cuajimalpa? ¿En Magdalena Contreras?

De hecho, en la mayor parte de los centros de vacunación del país, un par de policías auxiliares sería más que suficiente para garantizar condiciones de seguridad razonables. Es posible que en algunos sitios haya incidentes, riñas, incluso el robo de algún lote de vacunas, pero probablemente nada o muy poco que requiera una reacción militar.

Esta tarea, además, parece pintada para las policías municipales. Conocen a las comunidades, tienen relación con los vecinos, se ubican en el territorio. Hacerlos participar en el esfuerzo de vacunación sería una magnífica herramienta para construir confianza entre las policías y los ciudadanos.

Pero no: para poner vacunas, el gobierno federal optó por soldados armados y equipados como si fueran a una guerra.

Cabe preguntarse los motivos de esa preferencia. Se me ocurren tres.

Primero, el gobierno federal quiere controlar la mayor parte del proceso de vacunación, incluyendo las funciones auxiliares como la seguridad. No quiere compartir el mérito con autoridades estatales y municipales.

Segundo, ya se volvió costumbre recurrir a las Fuerzas Armadas ante cualquier reto de política pública. Eso era práctica común en administraciones previas, pero en la actual se volvió costumbre. Ante la duda, llaman al Ejército.

Tercero, a los ojos de la sociedad, la presencia militar en ámbitos ajenos a las actividades tradicionales de las Fuerzas Armadas está cada vez más normalizada. Muchos han cuestionado la presencia de los servidores de la Nación, pero a casi nadie le parece raro que haya soldados con rifles de asalto en lugares donde se vacunan a adultos mayores.

La militarización ya no solo es práctica de gobierno. Es hábito mental.

 

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